El derroche millonario en autos de lujo del Poder Judicial
El presidente gremial del Poder Judicial, Patricio Aguilar, ha expresado su preocupación por la polémica aprobación de la solicitud de adquisición de más de 20 autos de lujo marca Lexus para los ministros de la Corte Suprema. Esta noticia ha generado indignación y malestar en el gremio, ya que consideran que se ha dado una señal equivocada en cuanto al manejo de los recursos públicos.
Según Aguilar, esta inversión en vehículos de alta gama es innecesaria y excesiva. Si bien reconoce que los autos actuales de los ministros de la Corte Suprema ya tienen más de 10 años y necesitan ser renovados, considera que se debió evaluar con criterios de austeridad y eficiencia, priorizando otras necesidades del Poder Judicial.
La señal equivocada que se envía a la ciudadanía
El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial destaca que la compra de estos autos de lujo envía un mensaje negativo a la ciudadanía. Da la impresión de que el Poder Judicial está nadando en dinero, mientras que en realidad existen grandes carencias y necesidades en los tribunales.
Aguilar pone como ejemplo la situación de los tribunales de familia y laborales, que se encuentran colapsados y con falta de recursos para poder atender adecuadamente a los usuarios. A pesar de la implementación de leyes que han reforzado estos tribunales, no se ha destinado el financiamiento necesario para su correcto funcionamiento.
La importancia de priorizar las necesidades reales
El presidente gremial del Poder Judicial hace un llamado a las autoridades de la Corte Suprema a reconsiderar esta medida y a dar una señal clara a la ciudadanía. En lugar de gastar millones en autos de lujo, se deberían destinar esos recursos a solucionar los problemas urgentes que enfrenta el sistema judicial.
Esperemos que esta situación sirva como una lección para que se prioricen las necesidades reales y se evite el derroche innecesario de dinero público. La transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos son fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.