El informe que revela la cruda realidad en la Macrozona sur
El Instituto de Derechos Humanos (INDH) ha publicado un impactante informe titulado ‘Violencias Percibidas en la Macrozona centro-sur 2023’, en el cual se detalla la grave vulneración de derechos que sufren los habitantes de esta región debido a los conflictos de tierras y los hechos de violencia que allí ocurren.
Este informe, el primero en su tipo, recopila datos estadísticos que evidencian la insuficiencia de la respuesta del Estado para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.
La voz de la diputada Karen Medina
La diputada Karen Medina, representante de la Región del Biobío, ha valorado este informe y ha expresado su preocupación por la situación que viven los habitantes de la Macrozona sur.
Medina afirma que muchas veces las víctimas no denuncian por miedo, lo que evidencia la complejidad de la situación. Aunque reconoce que las medidas actuales, como el Estado de excepción, brindan cierta protección, considera que son insuficientes.
La diputada ha solicitado en reiteradas ocasiones que se fortalezcan las herramientas legales y se destinen más recursos para apoyar a las fuerzas policiales en su labor de protección. Además, ha recordado compromisos incumplidos por parte del ejecutivo, como la implementación de pórticos de entrada en las rutas y el apoyo tecnológico con drones.
La urgencia de una reforma constitucional
Ante esta situación, la congresista hace un llamado a impulsar una reforma constitucional que amplíe las facultades de las Fuerzas Armadas. Actualmente, existen limitaciones legales que obligan al Ejército a actuar en conjunto con Carabineros, lo cual dificulta su movilidad y acción en el territorio.
Además, Medina destaca el déficit de carabineros en todas las comunas, lo que agrava la situación de seguridad en la Macrozona sur.
Conclusiones alarmantes
El informe del INDH deja en evidencia la grave vulneración de derechos que sufren los habitantes de la Macrozona sur y la insuficiencia de las herramientas actuales para protegerlos. Es urgente tomar medidas concretas y destinar recursos suficientes para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales en esta región.
