La Asociación Chilena de Casinos y Juegos A.G. presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La acción legal busca impugnar actos del Servicio de Impuestos Internos (SII) relacionados con la tributación de casas de apuestas online que operan sin domicilio ni residencia en Chile.
El recurso se dirige específicamente contra la Resolución Exenta N°69, del 2 de junio de 2026, que establece un sistema para que estos contribuyentes cumplan sus obligaciones tributarias. También impugna el Ordinario N°1658, del 8 de julio de 2026, que fija la base imponible para los operadores inscritos, y la publicación, el 15 de julio de 2026, de la nómina oficial de 25 plataformas inscritas.
La asociación, que agrupa a 16 casinos y representa cerca del 67% de los establecimientos del país, argumenta que el SII “ha organizado la tributación de una actividad prohibida por ley”. Según el escrito presentado, la operación de juegos de azar en línea no cuenta con autorización legal para ningún operador en Chile, ni siquiera para los casinos que sí poseen permiso para sus actividades presenciales.
Los recurrentes sostienen que la resolución del SII perturba la actividad económica lícita de sus asociados, derecho garantizado por el artículo 19 N°21 de la Constitución. Además, acusan al SII de aplicar a las apuestas online un hecho gravado del IVA diseñado para el entretenimiento digital y de fijar una base imponible sobre el margen de juego que no está contemplada en la legislación vigente.
El gremio cuestiona también que el SII haya modificado, sin una justificación suficiente, el criterio adoptado en 2023. En aquel entonces, el organismo había excluido a estas plataformas del régimen simplificado argumentando la ilicitud de su actividad. La asociación señala que la Contraloría General se abstuvo de pronunciarse al respecto mediante el dictamen N°D348/2026, del 10 de julio de 2026, y que ellos interpusieron un recurso de reposición el 17 de julio de 2026. A pesar de estas acciones, los actos impugnados se mantienen vigentes.
Frente al argumento del SII de que la exigencia del impuesto “no supone autorizar ni legitimar la actividad”, la asociación contradice esta postura. Cita que las propias plataformas han utilizado su inscripción ante el SII para acreditar cumplimiento normativo y para oponerse al bloqueo de sitios web ordenado judicialmente. El número de plataformas inscritas, según el escrito, aumentó de 25 en julio a 39 en septiembre de 2026.
Finalmente, la asociación pidió a la Corte que declare ilegales los actos impugnados, que deje sin efecto la resolución y el ordinario en cuestión, y que ordene retirar la nómina de plataformas inscritas. Asimismo, solicitó una orden de no innovar mientras se tramita la causa, advirtiendo que la inscripción y la nómina se consolidan como una regularización de facto de una actividad prohibida.