El diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, emplazó a los partidos políticos a asumir la responsabilidad en la aprobación de la Ley 19.856, que permite reducir condenas por buena conducta. A través de una carta de 11 páginas, Mulet cuestionó que la controversia por las rebajas de penas se concentre en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sin considerar el respaldo transversal que tuvo la normativa en 2003.
La crítica del parlamentario se intensifica al exponer la contradicción del Presidente José Antonio Kast, quien, como diputado de la UDI, votó a favor de esta legislación que hoy su propio gobierno busca derogar. Según los registros de la Cámara de Diputados, Kast apoyó la iniciativa el 2 de julio de 2002, en una votación que resultó en 84 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Mulet identificó tres momentos clave en la historia de la ley: su impulso inicial durante el gobierno de Ricardo Lagos, las restricciones promovidas por Sebastián Piñera para delitos sexuales contra menores, y la actual intención de José Antonio Kast de derogarla. Para el diputado, el problema no es el cambio de opinión, sino el desconocimiento de decisiones adoptadas previamente por el sistema político.
“La responsabilidad individual cuando existe debe cobrarse, pero no puede convertirse en una excusa para eludir la responsabilidad institucional y política que nos corresponde a todos”, sostuvo el parlamentario.
La carta también aborda la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, señalando que, si bien deben investigarse los antecedentes, esta debe sustentarse en infracciones concretas y no en la conveniencia política.
Además, el diputado manifestó reparos a la derogación total de la Ley 19.856, impulsada por el Ejecutivo. Advirtió sobre las consecuencias de eliminar un mecanismo que incentiva la rehabilitación y reinserción social. Aunque reconoció la necesidad de restricciones más estrictas para delitos graves, instó a revisar si el problema radica en el beneficio, sus requisitos o su aplicación, antes de respaldar una derogación total por lo que calificó como “simple populismo”.
En el cierre de su misiva, Mulet criticó duramente a los partidos, afirmando que desconocer las decisiones del pasado “termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones”. Subrayó que “la política no necesita de dirigentes que se declaren permanentemente inocentes”. De esta manera, mientras el Gobierno busca la derogación y la oposición evalúa las responsabilidades de Rabat, Mulet puso en el centro del debate la responsabilidad de los partidos que aprobaron la normativa y hoy cuestionan sus efectos.
