Un grupo de parlamentarios ha presentado un proyecto de ley para derogar la Ley 19.856, que actualmente permite la reducción de condenas por buena conducta en el sistema penitenciario y establece un marco para la reinserción social basado en el comportamiento observado.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (REP), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi e Iván Flores (DC), busca eliminar este beneficio. Los parlamentarios argumentan que la buena conducta dentro de una cárcel no es suficiente para asegurar que una persona haya superado los factores que llevaron a la comisión de un delito, ni que el riesgo de reincidencia sea bajo.
Actualmente, la Ley 19.856 posibilita descontar dos meses de condena por cada año de cumplimiento efectivo. Este beneficio se incrementa a tres meses anuales una vez que el condenado ha cumplido la mitad de su pena, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.
Uno de los principales puntos de conflicto radica en que, una vez concedida la reducción, la condena se considera completamente cumplida al descontar el tiempo correspondiente. Esto significa que no existe un período de supervisión posterior asociado a los meses rebajados, lo que, según los autores del proyecto, debilita el propósito de la reinserción.
El proyecto de ley consta de cuatro artículos. El primero propone la derogación total de la Ley 19.856. El segundo artículo aclara que esta derogación no afectará las penas ya impuestas por sentencia judicial, ni modificará la libertad condicional, los permisos de salida u otros mecanismos de cumplimiento penitenciario ya regulados por otras disposiciones legales.
El tercer artículo busca impedir que cualquier referencia a la ley que se deroga sea utilizada para otorgar nuevas reducciones de condena. Finalmente, el cuarto artículo incorpora una circunstancia agravante: cometer un nuevo delito durante el período de condena que previamente había sido descontado por un beneficio antes de la entrada en vigencia de la nueva ley. Esta agravante solo se aplicaría a delitos cometidos a partir de la fecha en que la nueva normativa entre en vigor.
