La bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) solicitó al Ministerio de Justicia información detallada sobre más de 300 resoluciones judiciales. Estas sentencias habrían sido consideradas para modificar el criterio de concesión de rebajas de condena, en un contexto de evaluación de una posible acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema.
Los parlamentarios Paulina Muñoz y Hans Marowski, mediante un oficio fechado el viernes 30 de octubre, requirieron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al subsecretario Luis Silva, individualizar las resoluciones que el Ministerio invocó para justificar su decisión. La solicitud busca claridad ante la controversia por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores.
Según antecedentes publicados por La Segunda y citados en el documento, a fines de mayo, el Ministerio de Justicia habría optado por conceder reducciones de condena sin esperar nuevos pronunciamientos judiciales en cada caso. Esta determinación se basó en la supuesta existencia de más de 300 resoluciones adversas, de las cuales 276 corresponderían al período presidencial anterior. Sin embargo, los diputados advierten que estas resoluciones no han sido detalladas públicamente.
El oficio pide identificar el tribunal que dictó cada resolución, su número de rol y fecha. También se solicita precisar si los fallos ordenaron directamente la concesión de rebajas o solo la reconsideración de solicitudes. Este punto es crucial para determinar si las decisiones judiciales obligaban al Ministerio a otorgar los beneficios o si dejaban margen para una nueva evaluación administrativa. Además, se busca identificar cuántas de estas resoluciones corresponden a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Esta gestión parlamentaria se suma a la reciente confirmación de la bancada libertaria sobre el estudio de acusaciones constitucionales contra ministros del máximo tribunal. Desde el PNL se ha cuestionado la concentración de críticas políticas en el ministro Rabat, argumentando que es necesario examinar también el rol del Poder Judicial en la interpretación de las normas que regulan estos beneficios. Los libertarios sostienen que los jueces deben aplicar la legislación vigente sin modificar su alcance mediante interpretaciones que podrían exceder sus atribuciones.
La controversia sigue abriendo nuevos frentes políticos, manteniendo el debate sobre las responsabilidades del Ejecutivo y del Poder Judicial en las rebajas de condena concedidas y el alcance de las decisiones judiciales utilizadas como fundamento para el cambio de criterio.
