El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ha presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). La acción busca frenar la suspensión de su cargo, una medida que se desprende de la acusación fiscal en el denominado caso Puerto Coronel.
La presentación judicial, patrocinada por el abogado Fernando Saenger, argumenta que los artículos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y de la Ley sobre Sistema de Inscripciones Electorales “vulneran la Constitución”. Específicamente, se acusa que estas normativas buscan separar temporalmente al jefe comunal de su puesto sin que exista una sentencia judicial.
El recurso interpuesto denuncia que esta medida “impone, antes de cualquier condena, una consecuencia equivalente a la propia pena”. Según la defensa de Chamorro, esto vulnera garantías fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a un procedimiento racional y justo, además de atentar contra el principio democrático y de soberanía popular.
La argumentación del alcalde resalta una disparidad: mientras Chamorro “quedará separado de su cargo con base únicamente en la acusación del Ministerio Público”, un diputado o senador “acusado de los mismos delitos” (cohecho) solo sería suspendido una vez resuelta la causa judicial. Esta diferencia es un punto clave en la impugnación.
Ante esta situación, el abogado Fernando Saenger ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata del procedimiento y de la comunicación al Servicio Electoral (Servel). Con esta acción, se busca impedir la suspensión del cargo antes de que exista una sentencia firme, para así evitar un daño al “mandato popular” de Chamorro, considerando que la imputación penal en su contra “aún no ha sido juzgada”.
