El subsecretario de Justicia, Luis Silva, abordó la reciente controversia generada por las rebajas de condena otorgadas a pederastas y condenados por crímenes de lesa humanidad. A través de sus redes sociales, Silva reconoció la profunda indignación pública y el temor que estas decisiones han provocado en la ciudadanía y las víctimas.
Silva explicó que la concesión de estas rebajas no es una decisión personal ni arbitraria del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ni de él mismo. Subrayó que ni él ni el ministro buscan que estos criminales salgan de prisión antes de cumplir sus sentencias.
El subsecretario detalló que el proceso de rebajas de condena involucra a cuatro organismos diferentes: Gendarmería de Chile, una comisión integrada por profesionales y jueces (presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones), la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Justicia y el propio Ministerio. En cada etapa, existe la posibilidad de recurrir ante los tribunales de justicia, y todas las instituciones deben actuar conforme a la ley.
Silva recordó que, al asumir sus funciones, el Ministerio rechazó varias solicitudes de rebaja de condena, muchas de las cuales él mismo firmó. Sin embargo, poco tiempo después, la Corte Suprema emitió sentencias que obligaron al Ministerio a revertir estas decisiones. En algunos casos, la Corte argumentó que el Ministerio estaba privando ilegalmente de libertad a las personas, lo que forzó el cumplimiento de los fallos judiciales.
El subsecretario enfatizó que esta situación no es nueva, ya que también ocurrió durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando los ministros se vieron obligados por los tribunales a revertir rechazos de rebajas. Silva lamentó que, desde la perspectiva de las víctimas, el resultado sea el mismo, sin garantías de que sean informadas o escuchadas. “En esto, el Estado falló”, afirmó.
Ante esta problemática, el ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico para la resolución de futuras rebajas de condena. Respecto a su firma en algunos decretos, Silva aclaró que el ministro es el responsable, pero en su ausencia, el subsecretario lo subroga, aplicando el criterio establecido por el titular.
Finalmente, Silva destacó las medidas que se están tomando para proteger a las víctimas. En primer lugar, se ha suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de condena que han llegado al Ministerio. En segundo lugar, se está evaluando la posibilidad y el método para revertir los efectos de las rebajas ya concedidas.
Adicionalmente, el Ministerio está impulsando en el Congreso una reforma legal para evitar que una situación similar se repita. Esta iniciativa contempla el derecho de las víctimas y sus familias a ser informadas y escuchadas durante el proceso. Silva concluyó reconociendo que aún quedan preguntas, las cuales intentará responder más adelante, y subrayó la responsabilidad del Estado: “Cuando el Estado falla, no basta con explicar, hay que hacerse cargo, corregir y, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar”.
