La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados expresó su preocupación por la eventual delegación de funciones jurisdiccionales que habría realizado Rosa Aguirre, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La magistrada es investigada por supuestamente encargar la redacción de fallos de sentencia a una abogada externa por casi dos décadas, a cambio de pagos mensuales.
Según la información, Aguirre habría mantenido un vínculo informal con la abogada Damaris Silva, a quien le habría transferido mensualmente $300 mil durante más de diez años. Esta situación llevó a una demanda laboral en Santiago, que culminó con un acuerdo económico confidencial entre ambas partes.
Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, enfatizó la necesidad de investigar a fondo los hechos, asegurando el debido proceso y absteniéndose de emitir juicios definitivos hasta que se esclarezcan las responsabilidades. Subrayó que, de confirmarse los antecedentes, esto constituiría una gravísima vulneración de la función jurisdiccional, dado que la elaboración y resolución de sentencias es una potestad exclusiva de los jueces y no puede ser delegada.
Por su parte, el abogado laboral Aldo Fendez señaló que es crucial analizar cómo se ejecutó realmente la prestación de servicios, más allá de lo estipulado en documentos o acuerdos entre las partes.
Hernández agregó que este tipo de situaciones socava la confianza ciudadana en la administración de justicia. Afirmó que un eventual acuerdo confidencial no elimina el interés público de lo ocurrido. Por ello, instó a esclarecer los hechos prontamente y aseguró que, de confirmarse, la asociación condenará directamente la situación.
