La remoción del juez Daniel Urrutia por parte de la Corte Suprema continúa generando profundas discusiones en el Poder Judicial, especialmente sobre los criterios empleados para apartar a los magistrados. Desde la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), a la que pertenece Urrutia, su presidente Marcelo Acevedo calificó la decisión como irregular y anunció que llevarán el caso a instancias internacionales.
Acevedo detalló que agotarán las instancias nacionales, específicamente por el fuero sindical, y luego recurrirán a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El líder sindical también cuestionó el debido proceso en los cuadernos de remoción en general, no solo en el caso de Urrutia, aunque reconoció que las opciones de impugnación en Chile son limitadas.
“A todas luces nosotros vamos a recurrir, no solamente creo que nos queda una instancia nacional por el tema del fuero sindical, sino que también a instancias internacionales, no solamente por el fuero sindical a través de los organismos de la OIT, sino que también respecto al cuaderno de remoción o a los cuadernos de remoción en general que no cumplen el debido proceso”, advirtió Acevedo.
Paralelamente, la Asociación de Juristas por la Democracia expresó su rechazo a la remoción. La organización criticó que se utilizara un nuevo procedimiento para aplicar la máxima sanción a Urrutia, cuando hechos similares ya habían resultado en su sobreseimiento y absolución por la Corte de Apelaciones. Además, la asociación vinculó este caso con los estándares de independencia judicial y rememoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2020, que declaró la responsabilidad internacional de Chile por vulneraciones a los derechos del magistrado.
La controversia también involucra a otros jueces que lograron mantener sus cargos. Un ejemplo es el juez Óscar Pacheco, cuya defensa manifestó su conformidad con la decisión de no removerlo, pero alertó sobre las secuelas que el proceso ha dejado en los 56 magistrados sometidos a cuadernos de remoción. Su abogada, María Soledad Molina, lamentó que el debate público confundiera el reposo médico con una infracción a la probidad, y enfatizó la necesidad de discutir los derechos de los funcionarios judiciales.
“El juicio social transformó el reposo médico de un juez en un delito, lo cual me parece un retroceso en materia de derechos sociales que perjudica a nuestra cultura jurídica. Lo que nos deja todo este proceso es una pregunta: ¿Cuál es el límite entre la función pública y la integridad psíquica del funcionario público?”, cuestionó Molina.
Mientras la Organización de Trabajadores Judiciales prepara sus acciones para impugnar la salida de Urrutia, diversas agrupaciones mantienen objeciones a los procedimientos disciplinarios de la Corte Suprema. Este proceso ha culminado con la remoción de 18 jueces del Poder Judicial, intensificando el debate sobre la independencia y los derechos de los magistrados.
