Un informe reciente, publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Instituto George W. Bush, reveló que hasta 12.000 norcoreanos trabajarían en condiciones de esclavitud en una fábrica rusa de drones. El documento, difundido el 14 de octubre de 2026, denuncia “graves violaciones de derechos humanos y trata de personas” en la planta de Yelabuga, en Tartaristán.
La investigación detalla la compleja red en la que Rusia, Corea del Norte, China e Irán colaboran para la expansión de la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Mientras Rusia asegura más de 5.500 drones al mes para su conflicto en Ucrania, China se consolida como el principal proveedor de componentes de doble uso, incluyendo baterías, motores, electrónica interna y sistemas de navegación.
Irán, por su parte, ha contribuido suministrando drones Shahed, lo que ha permitido a Moscú desarrollar variantes nacionales mejoradas, conocidas como Geran. Este entramado global también beneficia a Corea del Norte, que según el informe, retiene hasta el 90 por ciento de los salarios de sus trabajadores, configurando un esquema de “trabajo forzado”.
“La ubicación geográfica de estos cuatro países hace que cualquier tipo de interdicción internacional sea imposible”, afirmó Dan Pinkston, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Troy, en una entrevista con DW.
El informe critica fuertemente a Rusia y Corea del Norte por desobedecer la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de diciembre de 2017. Esta resolución exige a los Estados miembros de la ONU repatriar a los trabajadores norcoreanos en un plazo de dos años. El documento señala que “el régimen norcoreano está vendiendo la mano de obra de sus ciudadanos en el marco de un acuerdo entre Estados, controlando si pueden salir del país y reteniendo la mayor parte de sus salarios”.
Song Young-Chae, miembro de la Coalición Mundial para Detener el Genocidio en Corea del Norte, sostiene que Pyongyang está esclavizando a su propia población para su beneficio. “La situación es terrible, y sabemos que no solo está ocurriendo en Yelabuga”, declaró a DW, agregando que existen trabajadores de la construcción norcoreanos en territorios ucranianos ocupados, en campamentos madereros y “decenas de miles de soldados que han sido enviados a luchar —y a morir— en el frente de Ucrania”.
Young-Chae insiste en que “la vida en Corea del Norte no es fácil, pero a estas personas las envían a Rusia como esclavos, sin libertad, y solo se les permite quedarse con una fracción del dinero que ganan”. El activista reconoce el desafío de detener este “tráfico de seres humanos”, debido a que “estos países comparten una frontera, por lo que es fácil transportar trabajadores, y ninguna otra agencia puede intervenir”.
Además, lamenta que “Rusia y China son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero están ignorando sus resoluciones sobre este tema. Hay muy poco que se pueda hacer”. La organización de derechos humanos de Song busca formar una “coalición de naciones y organismos con ideas afines” para proteger a los trabajadores, aunque admite un sentimiento de “pesimismo”.
Por su parte, Pinkston manifestó su preocupación por el surgimiento de un bloque poderoso que parece “destrozar el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial en materia de Estado de derecho y derechos humanos”. El profesor cree que las armas fabricadas en Yelabuga contribuirán a esos objetivos. “Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los trabajadores norcoreanos, la proliferación de armas y la venta de tecnologías de doble uso están siendo ignoradas, por lo que creo que podemos decir que el régimen de sanciones de la ONU está prácticamente muerto”, concluyó Pinkston.
