La Defensoría de la Niñez ha expresado su profundo rechazo ante la reciente decisión de conceder 56 rebajas de condena a individuos sentenciados por delitos sexuales perpetrados contra niños, niñas y adolescentes. La institución considera que esta medida representa un “retroceso” en la protección de la niñez en el país.
El organismo anunció que solicitará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos todos los antecedentes que sustentaron la modificación del criterio histórico de la cartera. Tradicionalmente, este ministerio denegaba la concesión de beneficios en casos de delitos de connotación sexual contra menores de edad.
Uno de los puntos críticos señalados por la Defensoría es que, desde febrero de 2022, la ley chilena (Ley Nº 21.421) excluye expresamente la posibilidad de otorgar beneficios a personas condenadas por ciertos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Por ello, la Defensoría exige al Ministerio de Justicia una aclaración sobre las razones de estas rebajas y las medidas que se tomarán para asegurar la debida protección de las víctimas.
“Estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”, declaró el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Si bien existen controversias jurídicas sobre la aplicación de la ley a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.421, la Defensoría argumenta que un estándar general que otorga beneficios ignora los derechos fundamentales de las víctimas de delitos sexuales.
Quesille enfatizó que “detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación”, subrayando el deber reforzado del Estado de actuar con rigurosidad en decisiones que puedan reducir la pena efectiva de los condenados por estos graves crímenes. La protección de las víctimas debe ser central en las decisiones estatales.
El defensor recordó los avances del Estado en la lucha contra la violencia sexual infantil, mencionando la tipificación de la explotación sexual, la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, la implementación de la ley de entrevistas video grabadas y la promulgación de la Ley de Garantías, así como la reciente aprobación del Marco para la Acción en materia de explotación sexual. En este contexto, la concesión de beneficios representa un “retroceso”.
La Defensoría de la Niñez informó que seguirá de cerca la situación y evaluará las acciones legales correspondientes una vez que se recaben los antecedentes. La institución reitera la urgencia de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregue la información que justificó el cambio en su criterio histórico.
