Diputados del Partido Comunista (PC) anunciaron que impulsarán la interpelación del ministro de Justicia, Fernando Rabat. La decisión surge tras la revelación de que el Gobierno de José Antonio Kast otorgó 56 rebajas de condena a individuos sentenciados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Según un informe de Interferencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. Estos beneficios se distribuyeron en 27 casos de abuso sexual de menores y 29 de violación, lo que ha generado una fuerte reacción en el ámbito político.
“El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación”, afirmó el diputado comunista Marcos Barraza.
Barraza enfatizó que el Ejecutivo debe proporcionar explicaciones detalladas sobre las medidas adoptadas y acusó al Gobierno de favorecer a los agresores sobre las víctimas. Anunció además que el PC buscará el respaldo de otros sectores de la oposición para llevar a cabo la interpelación parlamentaria.
El parlamentario también cuestionó los argumentos de Rabat, quien defendió las rebajas de condena aludiendo a criterios de la Corte Suprema en fallos previos. El ministro señaló que las medidas se ajustan a la jurisprudencia del máximo tribunal y a recursos de amparo acogidos antes de una modificación legal que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de estos beneficios.
A pesar de las explicaciones de Rabat, el medio Interferencia indicó que las 56 rebajas fueron otorgadas directamente por el ministerio y no habrían sido el resultado de recursos judiciales presentados por los beneficiados, contradiciendo la versión oficial.
Por su parte, el diputado comunista Bernardo Salinas calificó la decisión como “la peor señal que puede dar el país”. También planteó la preocupación de que estas rebajas pudieran sentar un precedente para futuras decisiones sobre indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Esta controversia se suma a un debate más amplio sobre los beneficios penitenciarios por razones humanitarias y a los recurrentes cuestionamientos de diversos sectores políticos sobre la aplicación de rebajas de condena por parte del Gobierno.
