La Contraloría General de la República (CGR) identificó irregularidades significativas en los viajes por comisiones de servicio realizados por autoridades, funcionarios y consejeros del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío entre 2022 y 2024. El Informe Final de Investigación Especial N° 169 de 2026 reveló reparos por un monto total de $100.436.919, debido a incumplimientos normativos y gastos no justificados institucionalmente.
Además de los reparos, se detectaron otros $98.627.794 en desembolsos. El GORE Bío Bío deberá presentar la documentación necesaria para demostrar los resultados, aportes o beneficios institucionales obtenidos por estas actividades financiadas con fondos públicos.
Entre los hallazgos más destacados, la CGR constató que el Gobierno Regional autorizó viajes al extranjero para funcionarios junto al entonces gobernador regional, Rodrigo Díaz, sin contar con la habilitación legal expresa ni las autorizaciones excepcionales requeridas por la normativa vigente. La fiscalización también puso en evidencia viajes, tanto dentro como fuera de Chile, cuya necesidad institucional y relación con las funciones de los participantes no pudo ser debidamente justificada.
El informe detalló gastos asociados a actividades que finalmente no se concretaron, así como la participación de funcionarios y terceros sin la justificación adecuada. De igual forma, se registraron desembolsos cuyos resultados o beneficios para el GORE no pudieron ser acreditados documentalmente.
La Contraloría también apuntó a deficiencias en los procedimientos de adquisición de pasajes aéreos, tanto nacionales como internacionales. Se observaron compras sin la anticipación necesaria, emisión tardía de órdenes de compra, incumplimientos de las bases de licitación y falta de antecedentes que justificaran la selección de determinadas opciones de vuelo.
A raíz de estas observaciones, el organismo fiscalizador instruyó al GORE Bío Bío a reforzar sus controles internos. El objetivo es asegurar los principios de eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos. Un caso específico cuestionado fue una comisión de servicio en Estados Unidos realizada por una funcionaria, donde no se acreditó la relación entre el viaje y sus funciones, ni un interés público justificado.
Ante las irregularidades, la Contraloría ha exigido al GORE que gestione el reintegro de los fondos objetados. Asimismo, ordenó la aplicación de las acciones administrativas y judiciales correspondientes, si fuera necesario, para la restitución de estos dineros. El GORE Bio Bío debe ahora enviar, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría, los antecedentes que prueben los resultados y beneficios institucionales de los gastos que aún no han sido justificados.
