La Comisión de Libertad Condicional de Talca, en la región del Maule, concedió por unanimidad el beneficio al excarabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de prisión por el ataque que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.
La resolución establece que podrá abandonar el penal de Molina a partir del 02 de diciembre de este año, cuando cumpla el tiempo mínimo exigido para acceder al beneficio.
La decisión fue duramente cuestionada por la senadora Campillai, quien mediante una declaración pública la calificó como un acto de impunidad. La parlamentaria aseguró que Maturana nunca le ha pedido perdón ni reconocido el daño causado, y anunció que recurrirá a todas las instancias judiciales disponibles, incluso internacionales, para revertir el beneficio.
La parlamentaria aseguró que Maturana nunca le ha pedido perdón ni reconocido el daño causado, y anunció que recurrirá a todas las instancias judiciales disponibles, incluso internacionales, para revertir el beneficio.
La comisión, sin embargo, determinó que correspondía exigir la mitad de la condena y no dos tercios, como solicitaba la senadora. Además, consideró un informe favorable de Gendarmería, que calificó como “muy bajo” el riesgo de reincidencia del exuniformado.
Por su parte, la subjefa de bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), la diputada Paulina Muñoz, valoró la resolución, cuestionó los temores de seguridad expresados por Campillai y llamó al presidente José Antonio Kast a entregar una señal sobre eventuales indultos a uniformados condenados durante el estallido social.
Consultado por la resolución, el biministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, evitó pronunciarse sobre el beneficio, argumentando que se trata de una determinación judicial. El secretario de Estado también recordó que los eventuales indultos son una facultad exclusiva del presidente de la República, quien debe evaluar los antecedentes antes de adoptar una decisión.
El beneficio se conoció a dos días de un nuevo aniversario del 18 de octubre, en medio del debate por la situación de los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
