El Tribunal Constitucional (TC) eliminó una de las condiciones clave para que los municipios accedan a la compensación por la exención de contribuciones a la vivienda principal de adultos mayores. Esta decisión se tomó al cerrar la revisión de la Ley de Reconstrucción este viernes, asegurando que las municipalidades recibirán los recursos sin requisitos adicionales.
Anteriormente, el proyecto de ley establecía que las municipalidades debían cumplir con varias condiciones para recibir íntegramente las transferencias compensatorias. Entre estas se incluía la obligación de informar mensualmente sus dotaciones y remuneraciones, así como reducir en al menos un 30% los tiempos promedio de tramitación de ciertos permisos, tomando como referencia el período entre 2023 y 2025.
Sin embargo, el TC declaró inconstitucionales estas condiciones. La argumentación del Tribunal se basó en que dichas exigencias no eran compatibles con el carácter redistributivo y solidario del Fondo Común Municipal. Esto implica que la compensación deberá ser entregada de forma íntegra, sin estar sujeta al cumplimiento de metas.
La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, valoró positivamente esta resolución. Sostuvo que, aunque los beneficios para los adultos mayores son necesarios, no pueden depender de la capacidad económica de cada municipio para financiarse.
La menor recaudación esperada es significativa para las finanzas comunales. Durante la tramitación del proyecto, se estimó que esta exención implicaría una disminución de aproximadamente 110 mil millones de pesos para el Fondo Común Municipal y otros 80 mil millones de pesos que dejarían de ingresar directamente a los municipios.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, calificó la decisión del Tribunal Constitucional como un acto de justicia, enfatizando la importancia de esta medida para las arcas de las comunas.
Adicionalmente, el TC también suprimió una norma que permitía a ciertas municipalidades retener mayores ingresos durante 2027 y 2028 provenientes de patentes comerciales y derechos de aseo morosos, sin la obligación de aportarlos al Fondo Común Municipal.
Mientras los alcaldes celebran la seguridad de estas compensaciones, el fallo reabre el debate sobre el sistema de financiamiento municipal y la necesidad de una reforma estructural permanente.
