Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios de la Administración Central mantuvieron suspensiones preventivas con goce de sueldo entre 2020 y marzo de 2026, mientras se tramitaban sumarios administrativos. La investigación, que excluyó a las municipalidades, destacó que 30 de estos casos superaron los tres años de duración, con algunos funcionarios suspendidos por más de cuatro años.
El caso más prolongado detectado corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), quien estuvo suspendido por un período estimado de cuatro años y siete meses. Otros casos notables incluyeron a funcionarios del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro y del SLEP Atacama, con suspensiones que superaban los cuatro años.
El Estatuto Administrativo permite las suspensiones preventivas durante investigaciones disciplinarias. Sin embargo, la normativa exige que, ante extensiones prolongadas, la autoridad a cargo revise el estado del sumario, implemente medidas para acelerar su tramitación y evalúe posibles responsabilidades por las demoras.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría determinó que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años serán asumidos directamente por la CGR, dejando de ser gestionados por los organismos de origen. El objetivo es indagar si hubo responsabilidades de las autoridades que ordenaron las investigaciones y no supervisaron su avance adecuadamente.
Además, se instruyó a las entidades que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año a informar, en un plazo de 15 días hábiles, el término de los sumarios, justificar su continuidad o detallar acciones para agilizar su cierre. También deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer posibles responsabilidades por las dilaciones.
El informe de la CGR también arrojó otros datos preocupantes: 22 funcionarios suspendidos realizaron otras actividades remuneradas, dos cumplían prisión preventiva y uno de los fiscales que decretó una suspensión se encontraba en la misma situación. Asimismo, se identificaron 20 casos de sumarios a cargo de fiscales que ya no trabajaban en sus respectivos servicios, y decenas de funcionarios suspendidos que viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego.
Los diez casos de suspensión más largos generaron un desembolso estatal de $671 millones en remuneraciones. Como medida complementaria, la Contraloría emitió el Instructivo N°29, que recuerda que la suspensión preventiva no implica la pérdida de sueldo y debe mantenerse solo si es esencial para la investigación. La CGR enfatizó que la fase investigativa de un sumario no debería exceder los 60 días hábiles y que prolongar estas medidas de forma injustificada puede acarrear responsabilidades para los involucrados.
A partir de ahora, todas las resoluciones de suspensión preventiva deberán ser informadas al Sistema de Acciones Derivadas (SIAD) para un monitoreo continuo de su duración y la activación de alertas de control.
