Una clienta del Casino de Viña del Mar interpuso una demanda de indemnización de perjuicios que asciende a $4.670.095.401. La acción legal se debe a que, según su acusación, el casino se negó a pagar un premio millonario obtenido en una máquina tragamonedas en noviembre pasado.
La demanda fue presentada ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar y está dirigida contra Casino del Mar S.A., la sociedad operadora del recinto, y sus controladoras, Casino de Chile SpA y Enjoy S.A. La afectada exige $3.920.095.401 por el premio no pagado, más reajustes e intereses, y $750 millones por daño moral.
Adicionalmente, se solicita que Casino del Mar S.A. sea condenado por una infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, con una multa de 300 UTM. El incidente ocurrió el 11 de noviembre, cuando la mujer, a las 14:05 horas, obtuvo un premio de $3.816.219.496 en una máquina.
Tras informar al personal, una supervisora la felicitó, pero luego otros trabajadores indicaron un “error del sistema” y la negativa a pagar. La demanda detalla que funcionarios del casino habrían abierto, manipulado y apagado la máquina, a pesar de que seguía mostrando el premio.
Tal como muestran las imágenes presentadas en el 3° Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, tras arrojar el premio, la máquina fue apagada sin protocolo de resguardo de la información y hasta el momento el premio no ha sido pagado.
Así lo declaró Pablo Gómez, abogado y representante de la afectada, quien lleva la causa junto a Rodrigo Cruz. El profesional añadió que este caso podría erosionar la confianza de los clientes en la operación de las máquinas de juego, señalando que “no es aceptable que una máquina funcione bien para recibir el dinero de los clientes y no funcione bien al momento de pagar sus premios”.
La acción legal también apunta a las sociedades accionistas Casino de Chile SpA y Enjoy S.A., argumentando un “riesgo claro de vaciamiento del patrimonio” de Casino del Mar y una posible insolvencia, dado que su permiso de operación vence el 13 de septiembre de 2028.
Finalmente, se pide informar a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sobre la querella infraccional y la demanda civil. Esto busca que la autoridad evalúe ejercer acciones pertinentes, considerando los posibles intereses públicos comunales comprometidos y la potencial afectación a la fe pública, con implicaciones para el desarrollo de obras en la comuna.
