Docentes desvinculadas en Puerto Montt recurren a Contraloría por viajes con licencia médica

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Un grupo de docentes que fueron desvinculadas de la Municipalidad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, ha presentado una acción ante la Contraloría General de la República (CGR). El objetivo es obtener claridad sobre las razones de sus despidos, los cuales derivaron de viajes al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas.

La medida fue tomada después de un sumario administrativo y busca esclarecer la interpretación de la Contraloría sobre la relación entre viajar al exterior con licencia y la presunción de querer defraudar al Estado.

Esta acción judicial fue interpuesta por las educadoras con el respaldo de su abogado, Mauricio Sáez, y el senador Fidel Espinoza. Las docentes buscan que el Consolidado de Información Circularizada, documento que inició las investigaciones, clarifique sus criterios.

El abogado Mauricio Sáez argumenta que dicho documento no establece que salir del país con una licencia médica sea una presunción de fraude al Estado. Esta interpretación ha sido clave en los argumentos del municipio para las desvinculaciones, acusando a las profesoras de una falta a la probidad.

“Bajo ninguna circunstancia se señala que salir del país estando con licencia (médica) es una presunción de querer defraudar al Estado, que es lo que el municipio de Puerto Montt ha estado usando como argumento para decir que hay una falta a la probidad”

Explicó Sáez la motivación detrás de la apelación a la Contraloría. El objetivo es que el ente contralor interprete su propio dictamen para precisar cómo se debe probar la mala fe o la falta a la probidad en estos casos.

Las docentes afectadas mantienen que existe una diferencia importante entre planificar un viaje con antelación y utilizar días de licencia para desplazarse por un fin de semana, por ejemplo, para realizarse exámenes médicos o adquirir medicamentos. Esta distinción es central en la defensa de algunas de las profesoras desvinculadas.

La resolución de la CGR podría sentar un precedente importante, no solo para los casos de Puerto Montt, sino también para futuros sumarios y procesos judiciales relacionados con situaciones similares a nivel nacional.

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