La discusión sobre seguridad y la recuperación de espacios públicos no debe ocultar una realidad esencial: la ocupación de un “ruco” no constituye un delito. Esta situación es un claro indicador de extrema vulnerabilidad social. Actualmente, el Congreso avanza en la tramitación de dos iniciativas que buscan sancionar la ocupación de bienes nacionales de uso público con instalaciones precarias y tipificar como delito el uso de estos espacios para habitar o pernoctar, bajo la figura de flagrancia permanente. Ambas propuestas se han fusionado y ya superaron la votación general en la Comisión de Gobierno Interior.
Desde la perspectiva de quienes trabajan diariamente con personas en situación de calle, un ruco es a menudo precario, insalubre y peligroso, pero también puede ser el último refugio para una persona. Desalojar a alguien de un ruco no resuelve su situación de calle; solo traslada el problema a otro lugar. Nadie debería verse forzado a vivir en condiciones tan extremas, expuesto al frío, al calor, a la violencia, a enfermedades o al consumo de drogas sin una alternativa digna.
Es crucial definir qué política pública se desea implementar frente a esta realidad. La dicotomía entre seguridad y derechos sociales es falsa. El Hogar de Cristo sostiene que la intervención estatal es necesaria cuando hay ocupación de espacios públicos, riesgos sanitarios, delitos o afectación de la convivencia. Sin embargo, una intervención responsable no puede limitarse al desalojo.
Debe existir una alternativa concreta para la persona desalojada. Si esta no se ofrece, el Estado recupera un espacio físico, pero fracasa en resolver el problema humano subyacente, así como los desafíos de seguridad, salud mental, consumo de alcohol y drogas, desempleo y falta de redes de apoyo. Por ello, es preocupante que la penalización emerja como una respuesta central a un fenómeno esencialmente social.
Criminalizar la instalación de un ruco corre el riesgo de castigar la consecuencia en lugar de abordar sus causas. Chile necesita recuperar sus espacios públicos, pero también requiere fortalecer su capacidad de respuesta social. Se necesitan más alternativas habitacionales, residencias, programas de tratamiento de adicciones, dispositivos de salud mental y acompañamiento especializado. Las intervenciones deben asegurar que las personas no queden abandonadas tras un desalojo, y que los recursos públicos se destinen a solucionar el problema de raíz, no solo a moverlo. El objetivo debe ser ciudades donde nadie se vea obligado a vivir en un ruco, legislando para que estas precarias soluciones dejen de ser necesarias, no para criminalizar a quienes las habitan.
