Un nuevo desacuerdo ha surgido en La Moneda, esta vez relacionado con la tensión diplomática con Argentina por el Estrecho de Magallanes. La controversia no se centró en declaraciones externas, sino en la gestión interna de la información sobre las negociaciones, especialmente antes de la visita del presidente Javier Milei a Chile.
El ministro de Defensa, Fernando Barros, informó desde Punta Arenas que Argentina ya tendría listo el texto para modificar el decreto 457 de 2021, que alude al Estrecho como un espacio de “uso compartido” y “control conjunto”. Esta información, clave para Chile, fue revelada por Barros previo a los ejercicios militares que inspeccionará el presidente José Antonio Kast en la zona austral.
La Cancillería, sin embargo, reaccionó con cautela. Para el ministro Francisco Pérez, el anuncio de Barros no era una novedad.
“Cuando llegamos al gobierno en marzo, el primer viaje que hicimos fue justamente a la República Argentina y el canciller en esa oportunidad me ratificó que, efectivamente, esto estaba para la firma del presidente en aquella época. Para mí no es nuevo, como le repito, esto estaba en la agenda”, sostuvo Pérez.
Esta declaración buscó matizar la relevancia del anuncio, sugiriendo que el documento ya era conocido por el Gobierno desde marzo.
El episodio pone de manifiesto una tensión entre las aproximaciones de ambos ministerios. Defensa, con Barros a la cabeza, prioriza la dimensión estratégica y militar del asunto, realizando anuncios desde Magallanes en el contexto de ejercicios navales. Cancillería, en contraste, busca evitar la escalada del conflicto y mantener los canales diplomáticos abiertos con Buenos Aires hasta lograr la formalización del acuerdo. La Moneda se ve en la tarea de conciliar estas visiones, que, aunque no se contradicen en el fondo, compiten por el control del relato público.
La cautela de Cancillería se entiende dado que el presidente Kast se encuentra en Magallanes, coincidiendo con la reactivación de la discusión sobre la soberanía del Estrecho. Aunque el Gobierno asegura que los ejercicios militares estaban programados con antelación, el contexto temporal resulta innegable, generando la necesidad de una gestión cuidadosa de la información hasta que Argentina concrete la firma del documento.
