La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca establecer el 17 de septiembre como feriado nacional. La iniciativa fue respaldada con nueve votos a favor y cuatro en contra, aunque su tramitación aún debe superar la votación en particular y continuar su proceso en el Congreso.
Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya criticó duramente la propuesta, calificándola de “populista e irresponsable”. Araya advirtió sobre el riesgo de generar expectativas en millones de chilenos, ya que, según él, los plazos legislativos dificultan que el proyecto se convierta en ley antes de la fecha. Su colega Felipe Ross, también republicano, coincidió en el impacto negativo sobre la actividad productiva y la escasa probabilidad de que la iniciativa prospere.
“Lo que se está pidiendo es que de nuevo se instale como expectativa que el mínimo sean cuatro. Eso no existe en ninguna parte del mundo”, subrayó Ross, refiriéndose a un potencial cuarto día de celebraciones.
En contraste, el parlamentario Javier Olivares (PDG) defendió el proyecto, destacando que ofrecería un descanso adicional a las familias chilenas y valoró la disposición de diversos sectores políticos para su avance. Asimismo, el diputado Álvaro Ortiz (Democracia Cristiana) apoyó la medida, argumentando que el 17 de septiembre ya es un día de menor actividad laboral y que un feriado formal favorecería el encuentro familiar.
La sesión estuvo marcada por tensiones. La diputada Andrea Parra (PPD) acusó a los republicanos de «obstrucción» por dilatar el debate con indicaciones, señalando que “un proyecto que debiese ser una buena noticia para los trabajadores y el turismo se vio empañado por un par de diputados republicanos”. Por su parte, Carolina Tello (Frente Amplio) lamentó que el proyecto no fuera despachado y solicitó al Ejecutivo patrocinarlo y otorgarle urgencia para acelerar su aprobación.
Ahora, la iniciativa debe regresar a la Comisión de Gobierno Interior para su votación en particular. Con menos de tres semanas para las Fiestas Patrias, el factor crucial será el tiempo legislativo disponible y si el Gobierno decide intervenir para agilizar su tramitación.
