La Contraloría General de la República ha iniciado dos auditorías sobre Codelco, ejerciendo facultades excepcionales para fiscalizar a la empresa estatal. Estas acciones responden a la necesidad de esclarecer posibles irregularidades que comprometen la transparencia en su gestión, una labor que usualmente recae en la Comisión Chilena del Cobre.
Una de las investigaciones, confirmada por la contralora Dorothy Pérez, se enfoca en una asesoría internacional. Esta está ligada directamente al controvertido acuerdo entre Codelco, SQM y Corfo para la explotación de litio en el Salar de Atacama, un punto crítico para la estrategia de recursos naturales del país.
La segunda indagatoria se centra en denuncias de una posible sobreestimación en la producción de cobre proyectada para 2025. Pérez detalló que se están revisando los antecedentes de cifras que podrían haber sido alteradas, lo que a su vez habría influido en el pago de bonos a los ejecutivos de la compañía, un hecho que ha generado preocupación en el sector.
Para nosotros sería extremadamente conveniente que la contralora pudiera involucrarse e investigar y auditar y revisar a Codelco, no solo en este evento de la sobreproducción, sino en todos.
Hernán Guerrero, presidente de uno de los sindicatos de Chuquicamata, celebró la intervención del organismo fiscalizador. Subrayó la importancia de un mayor control sobre la cuprífera, dado su carácter de empresa estatal. Los trabajadores, según Guerrero, ven con buenos ojos la participación de entidades externas en la fiscalización de Codelco.
Desde el Congreso, el diputado Cristián Tapia (PPD), presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció las limitaciones de la Contraloría sobre Codelco, reiterando que la fiscalización principal es competencia de Cochilco. No obstante, respaldó la investigación excepcional de este caso. Hizo un llamado a la empresa para que entregue toda la información y exigió transparencia a la presidenta del Comité de Auditoría.
La contralora Pérez también se comprometió a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para entregar más antecedentes. Las auditorías buscarán establecer la existencia de irregularidades en la asesoría del litio y en las cifras de producción de cobre, determinando responsabilidades y el impacto real en el pago de bonos, esperando resultados que aporten a la probidad en la gestión de la principal empresa minera del país.
