La Fiscalía acudirá ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta decisión judicial limitó la revisión de información extraída de teléfonos que fueron incautados en el marco de la investigación del caso Junaeb.
Uno de los involucrados en esta causa es Darío Calderón. Su defensa, a cargo del abogado Samuel Donoso, presentó un recurso de amparo con el fin de cuestionar el acceso a sus conversaciones de chat.
La Corte de Apelaciones acogió parcialmente estos recursos, estableciendo mecanismos de control judicial. El objetivo de estas medidas es proteger la información privada que no guarde relación directa con los hechos que se investigan.
Es importante destacar que la resolución no impidió que el Ministerio Público continuara con la extracción y el análisis de los datos de los dispositivos. Sin embargo, fijó plazos y condiciones específicas para identificar los antecedentes pertinentes y eliminar aquellos que no fueran relevantes para la causa. Todos los amparos presentados han sido agrupados para su revisión por el máximo tribunal del país.
El académico de la Universidad Central, Neftali Carabantes, recalcó que el fallo no frenó el análisis de los teléfonos por parte de la Fiscalía.
Ahora, la Corte Suprema deberá examinar los argumentos del Ministerio Público. Su decisión será clave para determinar si se mantienen las medidas de resguardo dictadas por la Corte de Apelaciones o si se modifican las condiciones bajo las cuales se podrá examinar y utilizar la información recabada.
Previo a los alegatos, Hugo Gutiérrez, otro de los investigados en el caso, fue consultado sobre la intención de la Fiscalía de revertir la resolución. No obstante, optó por no profundizar en el tema.
“Hagan lo que tengan que hacer y yo haré lo mío”
afirmó Gutiérrez de forma concisa.
El máximo tribunal será el encargado de definir si el Ministerio Público podrá acceder a los chats y demás datos extraídos de los dispositivos incautados, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control judicial. La investigación, dirigida por la Fiscalía Metropolitana Oriente, se centra en presuntos pagos a la empresa Soser por servicios que no se habrían concretado.
