Organizaciones civiles se congregaron el jueves 20 de agosto en la Contraloría General de la República (CGR) para respaldar la Norma Técnica Nº 259, que rige la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales. Esta acción surge como respuesta a una impugnación previa interpuesta por la Asociación Gremial Matronas(es) y Enfermeras(os) Matronas(es) por la Vida (AMEMP), la cual cuestiona ciertos aspectos de dicha normativa.
La impugnación de AMEMP, encabezada por Carolina Antimán Echeverría, solicitó adherirse al escrito “Téngase Presente” previamente presentado por el Obispo René Rebolledo, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Dicha solicitud se enmarca en el Decreto N° 22 del Ministerio de Salud, que modifica el reglamento vigente (Decreto N° 67 de 2018) referente a la objeción de conciencia profesional en casos amparados por el artículo 119 ter del Código Sanitario.
Frente a esta situación, agrupaciones como ABOFEM, Corporación Humanas, MILES Chile y Fundación por el Derecho a Decidir argumentaron que el fondo del debate en la CGR va más allá de un procedimiento. Según estas entidades, el verdadero conflicto radica en la implementación práctica de un derecho legalmente establecido en Chile desde hace casi una década.
“No hace falta cambiar una ley para restringir un derecho. También se puede hacer modificando las reglas que determinan cómo ese derecho se implementa”, afirmó Luz Reidel, subdirectora de Programas de MILES Chile.
Reidel agregó que las limitaciones más severas no siempre provienen de grandes reformas legislativas, sino de decisiones administrativas que, aunque de apariencia técnica, terminan definiendo quién puede ejercer un derecho en la realidad. Las ONGs alertaron que la medida del gremio de matronas suma nuevas dificultades a una ley que ya enfrenta obstáculos desde su promulgación.
Las organizaciones señalaron que persiste una distancia entre lo que la ley busca abarcar y su aplicación efectiva en los centros de salud a nivel nacional. El VIII Informe de Derechos Sexuales y Reproductivos de MILES Chile, que recopila datos de 73 establecimientos fiscalizados, respalda esta preocupación. El informe revela que solo dos de esos centros cumplen con todos los parámetros exigidos, y apenas ocho cuentan con protocolos de derivación para casos de objeción de conciencia, a lo que se suman demoras en la atención y notables disparidades geográficas.
“Si hoy todavía existen establecimientos que no cumplen integralmente con los estándares de la ley vigente, y solo una pequeña proporción cuenta con protocolos de derivación, la prioridad debería ser cerrar esas brechas, no agregar nuevas barreras al sistema”, manifestó Reidel.
La subdirectora de MILES Chile cuestionó qué problema de salud busca resolver esta impugnación y cuáles serán sus efectos en las personas con mayores dificultades para acceder a la atención necesaria. En este contexto, la directora de Corporación Humanas, Paula Salvo Del Canto, subrayó la obligación del Estado de asegurar la aplicación efectiva de la ley en todo el territorio, especialmente donde persisten barreras para el acceso a la interrupción del embarazo.
“Cualquier medida que dificulte su implementación puede profundizar desigualdades que ya existen en el acceso a esta prestación de salud”, puntualizó Paula Salvo Del Canto. Por su parte, Florencia Pinto, directora de DDSSRR de ABOFEM, calificó cualquier intento de socavar la ley como un ataque directo a la voluntad popular. Según Pinto, “más del 70% de la ciudadanía respalda la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales según encuesta Activa e ICSO-UDP”, enfatizando que la legislación cuenta con un amplio apoyo.
