La reforma constitucional sobre los estados de excepción propuesta por el presidente Kast enfrenta una creciente ola de críticas, incluso dentro de su propia coalición de derecha. Esta situación compromete seriamente las posibilidades de aprobación parlamentaria del proyecto. Por primera vez, el término iliberal, que describe regímenes autocráticos, se asocia directamente al gobierno, una calificación que el presidente se apresuró a desmentir.
Expertos señalan que la reforma trasgrede los principios liberales que sustentan la democracia del país. La democracia liberal no solo implica el gobierno de la mayoría, sino también el sometimiento de esa mayoría a reglas, derechos fundamentales y controles que protegen al individuo del poder estatal. La propuesta de Kast expande de forma intensa las facultades de excepción y reduce las salvaguardias que justifican su naturaleza extraordinaria, elevando esta alteración del equilibrio entre autoridad y libertad al nivel más alto del orden jurídico nacional a través de una reforma constitucional.
Chile requiere un Estado fuerte para combatir el crimen organizado, el terrorismo y cualquier forma de violencia que dispute su autoridad territorial, pero no debe confundir esa fortaleza con una ampliación indefinida de los poderes excepcionales del Ejecutivo. El proyecto del gobierno busca crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública que podría extenderse hasta 240 días sin necesidad de autorización parlamentaria. Durante este periodo, se permitiría restringir o suspender libertades personales, intervenir comunicaciones, limitar reuniones y asociaciones, y aplicar otras medidas de gran alcance. Esto representa un cambio fundamental respecto al actual estado de emergencia.
La propuesta es aún más delicada porque, aunque su justificación política se enfoca en el crimen organizado y el terrorismo, la causal constitucional no se limita a estos fenómenos. El nuevo estado podría invocarse ante una “amenaza grave e inminente contra la seguridad pública” o cuando esta haya sido “gravemente afectada”. Es una cosa es crear una herramienta para enfrentar territorios dominados por bandas criminales identificadas y otra muy diferente es incorporar a la Constitución una facultad extraordinaria basada en un concepto tan amplio como la seguridad pública, que podría abarcar la violencia urbana o disturbios graves.
Resulta cuestionable que una causal tan abierta permita mantener un régimen excepcional durante ocho meses antes de que el Congreso deba refrendar su autorización. Cuanto mayores sean las atribuciones delegadas al Ejecutivo, más precisas deberían ser las circunstancias que permiten su ejercicio y más frecuente el control democrático sobre su continuidad. El país ya cuenta con mecanismos constitucionales para situaciones graves, como el estado de emergencia empleado en la Macrozona Sur y en la crisis fronteriza del norte.
Distintos gobiernos han utilizado Fuerzas Armadas y limitado libertades para recuperar el control estatal sin crear nuevas categorías constitucionales. Si las herramientas existentes son insuficientes, el gobierno debería especificar sus deficiencias y las facultades concretas que le faltan, lo que resultaría más convincente que una genérica invocación a una nueva emergencia. Además, algunas ideas de este proyecto tienen antecedentes en la propuesta constitucional de 2023, en la que el Partido Republicano tuvo un rol determinante.
