Diputados de la oposición anunciaron la creación de una Comisión Especial Investigadora para examinar posibles conflictos de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La decisión surge tras la publicación de antecedentes que sugieren la aceleración de permisos ambientales para dos proyectos vinculados al secretario de Estado.
La comisión será solicitada por parlamentarios del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Liberal. Su objetivo es clarificar la presunta intervención de Quiroz en decisiones relacionadas con iniciativas que, según reportajes de Ciper, avanzaron a pesar de informes negativos del Sernageomin.
Uno de los proyectos bajo escrutinio es Alto Santorini, ubicado en Concón, cuya propiedad se vincularía con el hermano del ministro. El segundo corresponde a una planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, perteneciente al Grupo Errázuriz, empresa para la cual Quiroz, en 2025, colaboró en la elaboración de un estudio a través de su consultora Quiroz & Asociados.
El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, expresó que los antecedentes conocidos plantean serias dudas sobre la transparencia y probidad de las acciones del ministro.
“Las actitudes del ministro Quiroz están generando serias dudas respecto a la transparencia y probidad de alguna de sus actuaciones que podrían indicar tráfico de influencias o incluso conflictos de interés”, afirmó.
Bassa también cuestionó la implementación de nuevos mecanismos para agilizar la obtención de permisos ambientales, señalando la supuesta inexistencia de actas o documentos públicos que registren los acuerdos o recomendaciones. El parlamentario agregó:
“Esto nos lleva a activar los mecanismos de fiscalización que tenemos como diputados y diputadas y a fiscalizar las acciones del ministro y la proyección que éstas tienen respecto de las actuaciones de empresas privadas que afectarán gravemente al medio ambiente”.
En el caso de Alto Santorini, la oposición focaliza su atención en el nuevo sistema de monitoreo de tramitación ambiental y el Comité de Proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este comité, coordinado desde Hacienda e integrado por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente, supuestamente carece de actas, registros públicos de sesiones, criterios de priorización o acuerdos, aspectos que la comisión busca esclarecer.
Respecto al proyecto del Grupo Errázuriz, los diputados también señalan la falta de actas o registros sobre posibles recomendaciones y la ausencia de antecedentes sobre una eventual declaración de conflicto de interés. Destacan que Quiroz participó en 2025 en un estudio para este proyecto junto a un actual funcionario de Hacienda encargado del monitoreo de iniciativas ambientales, ambos parte entonces de Quiroz & Asociados.
La eventual Comisión Investigadora buscará determinar irregularidades en el funcionamiento del Comité de Proyectos del SEIA y el sistema de seguimiento implementado durante la gestión de Quiroz. Adicionalmente, los parlamentarios pretenden conocer los criterios de priorización de proyectos, las razones de la ausencia de actas y registros públicos, y establecer si el ministro influyó en las resoluciones de las iniciativas cuestionadas.
Finalmente, la oposición revisará el cumplimiento de las normas de probidad, abstención y declaración de intereses por parte del ministro de Hacienda y su equipo de asesores, buscando dilucidar el alcance real de estas acusaciones.
