Más de 80 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron una serie de allanamientos simultáneos en varias ciudades del país por el caso Junaeb. La investigación apunta a presuntas irregularidades en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con procedimientos que incluyeron las oficinas centrales de Junaeb, sedes regionales y el Congreso Nacional.
Durante los operativos, se incautaron dispositivos móviles y documentos de relevancia, según confirmó el prefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos. Aunque el prefecto evitó confirmar nombres, trascendió que entre lo incautado se encuentran los celulares de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS), quienes estarían en la mira de la fiscalía por su presunta vinculación con la trama. Castro enfatizó que las diligencias se realizaron con una orden del 4.º Juzgado de Garantía que autorizaba la entrada y registro de los domicilios implicados.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, a cargo de las diligencias, calificó la jornada como “exitosa”. La investigación abarca delitos como fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. Encina indicó que los hechos se habrían concentrado principalmente en la región de O’Higgins, aunque no descartó ramificaciones en otras regiones. Destacó que se logró “obtener todos los medios que necesitábamos” para el avance de la causa, que se mantiene bajo carácter de reservada.
La persecutora mencionó que la participación de los senadores podría enmarcarse en “varios delitos de cohecho”, aunque evitó profundizar en detalles sobre los imputados o la dinámica específica de los hechos. La pesquisa, que se originó a partir de una denuncia de la propia Junaeb, indaga una supuesta red que habría favorecido a la empresa SOSER. Esta red habría operado con raciones infladas, certificados falsos y sobornos para obtener información privilegiada y asegurar licitaciones de alimentación escolar, involucrando a exfuncionarios de Junaeb, ejecutivos de SOSER y parlamentarios.
El director de Junaeb, Fernando Peña, señaló al exjefe jurídico Alejandro Layseca y a la exdirectora Camila Rubio como parte de los involucrados. Tras la revisión del material incautado, la fiscalía evaluará la necesidad de formalizaciones o solicitudes de desafuero.
