La Fiscalía Centro Norte abrió una arista de investigación por lavado de activos que vincula al Partido de la Gente (PDG) y que sitúa a su líder, Franco Parisi, como “sujeto de interés”. Esta indagatoria se originó a partir de testimonios de militantes que afirmaron haber presenciado la quema de cartolas bancarias del partido, sospechando que se buscaba eliminar evidencia de posibles desvíos de fondos.
La investigación comenzó en 2024 tras una denuncia de la exdiputada Karen Medina y otros miembros por presuntas irregularidades en la constitución del PDG en 2021. Inicialmente, la fiscal Patricia Cerda se centró en el expresidente Luis Moreno y el exadministrador de fondos Miguel Azar.
Sin embargo, la situación tomó un nuevo giro cuando declarantes aseguraron haber visto a integrantes del partido destruir cartolas de cuentas bancarias. Al ser consultados, se les habría indicado que la intención era borrar rastros de posibles desvíos de dinero. Este hecho levantó la sospecha de un eventual fraude de subvenciones, que podría constituir un delito base para una pesquisa por lavado de activos.
Pese a que fuentes cercanas a la investigación, citadas por La Tercera, dudan de la efectividad de quemar cartolas físicas para borrar evidencia –dado que la información se mantiene en los bancos–, la Fiscalía amplió sus diligencias. Se levantó el secreto bancario de las cuentas del PDG y se solicitaron análisis patrimoniales para detectar posibles desvíos o usos indebidos de los recursos del partido.
Asimismo, se pidió información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre exdirectivos y otras personas ligadas a la colectividad, entre las cuales figura Franco Parisi. Hasta la fecha, la investigación no cuenta con antecedentes suficientes para una posible formalización, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que recibió información en 2024, mantiene el caso en análisis sin presentar acciones legales.
Cabe destacar que los balances del PDG de 2021 y 2022 fueron aprobados por el Servel. Las dudas se concentran en los recursos de 2023 y 2024, que suman cerca de $1.400 millones. Si se comprueba un desvío, la investigación busca determinar si estos fondos fueron afectados.
Por su parte, Parisi afirmó la semana pasada desconocer las diligencias, asegurando que ni él ni su abogado han sido contactados.
“No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”, sostuvo en CNN Chile Radio.
Además, minimizó la preocupación por las pesquisas patrimoniales, argumentando que sus bienes son de conocimiento público debido a sus candidaturas previas.
