Chile ha mantenido durante años una visión centralista que desatiende la geografía y las realidades locales, una situación que reproduce y consolida las desigualdades territoriales. Esta aproximación se basa en la ficción de que todos los territorios parten bajo las mismas condiciones y, por ende, deben regirse por las mismas reglas. Desde Coyhaique, esta contradicción se acentúa visiblemente.
La producción, el transporte y la construcción en la región de la Patagonia, así como el acceso a los principales mercados, implican costos significativamente más altos. Factores como la distancia de los centros económicos, los elevados costos logísticos, la baja densidad poblacional y las dificultades para atraer inversión y talento, se configuran como desventajas estructurales que limitan las posibilidades de desarrollo local.
Históricamente, la respuesta del Estado se ha limitado a la implementación de subsidios y transferencias. Aunque estas herramientas son necesarias, el análisis actual sugiere que resultan insuficientes para abordar las causas profundas de la desigualdad. La pregunta clave que surge es si Chile debe seguir gestionando las consecuencias de esta desigualdad o si está dispuesto a modificar las condiciones que la originan.
En este contexto, la Universidad de Aysén y actores locales han propuesto estudiar la viabilidad de una Zona Económica Especial para Coyhaique. Esta iniciativa fue recibida favorablemente esta semana en el Congreso Nacional, abriendo la discusión sobre incentivos específicos.
Los incentivos planteados estarían condicionados a la inversión real, la creación de empleo local, la contratación de proveedores regionales, la innovación y una permanencia efectiva en el territorio. Esta propuesta trasciende el ámbito de Coyhaique, planteando una reflexión nacional sobre cómo poblar zonas extremas, atraer nuevas industrias, retener talento y generar empleo sin depender exclusivamente de que el mercado corrija las desventajas inherentes a la distancia.
El país no puede continuar diseñando políticas uniformes desde Santiago para realidades tan dispares. Aquí reside una de las mayores contradicciones de la descentralización chilena, donde se ha priorizado la transferencia de recursos y competencias, pero se ha descuidado la entrega de herramientas económicas diferenciadas que permitan a las regiones construir su propio desarrollo.
La igualdad ante el Estado no implica la uniformidad territorial. Aplicar las mismas normativas a zonas con condiciones radicalmente distintas, si bien puede parecer justo en teoría, en la práctica termina afianzando las brechas existentes. La Patagonia busca dejar de depender de compensaciones por su lejanía; aspira a competir, atraer capital, generar trabajo y contribuir significativamente al progreso del país.
Para lograr resultados diferentes, es imperativo debatir y adoptar políticas distintas. Este es el diálogo que se busca iniciar desde Coyhaique, entendiendo que una descentralización efectiva no se limita a administrar la distancia desde la capital, sino a otorgar el poder y los instrumentos necesarios para que cada territorio pueda transformar sus particularidades en oportunidades de desarrollo.
