El Tribunal Constitucional (TC) ha puesto fin definitivo al caso de la licitación de cámaras corporales para Carabineros, una investigación que se extendió por seis años. Con un fallo unánime, el TC rechazó el requerimiento presentado por la empresa The Pegasus Group Company S.A., que buscaba reabrir el debate judicial.
Esta decisión ratifica el cierre de la causa, iniciada tras la adjudicación en 2020 de 300 cámaras a Motorola Solutions Chile. Entre los principales investigados figuró la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien mantuvo su inocencia durante todo el proceso.
El caso se originó cuando Pegasus, uno de los participantes perdedores en la licitación, denunció supuestas irregularidades. La empresa presentó una querella por delitos como fraude al Fisco, prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público.
La controversia principal giró en torno a un requisito técnico específico de las bases de licitación. Pegasus argumentó que las cámaras de Motorola no cumplían con las funciones de “pre y post grabado” exigidas, mientras que Martorell defendió que se trataba de una diferencia de interpretación y que el proceso había sido legal.
Durante la investigación, la Fiscalía llevó a cabo numerosas diligencias. Revisó teléfonos celulares, cuentas bancarias, correos electrónicos e incorporó informes de la Contraloría. A pesar de los esfuerzos, no se encontró evidencia suficiente para formalizar cargos contra ninguno de los involucrados.
En julio de 2025, el Ministerio Público informó su decisión de no perseverar en la investigación. Concluyó que no existían antecedentes sólidos para presentar una acusación por los presuntos hechos de corrupción denunciados.
Tras la determinación de la Fiscalía, Pegasus intentó reabrir el caso, apelando las resoluciones judiciales, pero su recurso fue declarado inadmisible. La empresa acudió entonces al Tribunal Constitucional, alegando que la norma le impedía acceder a una revisión judicial y vulneraba su derecho a un debido proceso.
Sin embargo, el TC desestimó estos argumentos. El tribunal resolvió que el conflicto planteado correspondía a una discusión sobre la aplicación de la ley procesal penal y no a un problema de constitucionalidad, sellando así el fin definitivo de esta extensa investigación.
