Una investigación reciente, publicada en abril de este año, reveló un patrón preocupante en la industria salmonera chilena: se identificaron 710 denuncias y procesos sancionatorios. Estos incidentes no son aislados, sino que evidencian una conducta persistente de incumplimientos regulatorios y ambientales a lo largo de los años.
El historial de infracciones es extenso e incluye la sobreproducción sistemática en centros de cultivo, la operación de instalaciones sin la debida evaluación de impacto ambiental, la entrega de información falsa o incompleta sobre mortalidades y morbilidades, y fallas en los programas de monitoreo ambiental. Además, se registran daños al fondo marino, contaminación y sobrecarga orgánica en los ecosistemas donde la industria opera.
La resistencia al cumplimiento normativo es notoria, manifestada en una excesiva litigación contra la fiscalización y la judicialización de las sanciones impuestas por la autoridad. Un aspecto particularmente alarmante es que cerca del 30% de las infracciones ambientales se concentran en áreas protegidas, zonas designadas para salvaguardar el patrimonio natural chileno.
A pesar de este historial, el Ejecutivo ha incluido en su propuesta de Ley de Reconstrucción Nacional una serie de disposiciones que otorgan nuevas facilidades a la industria salmonera. Estas medidas, según expertos, no se justifican dado el reiterado incumplimiento de la normativa.
Especial preocupación generan las normas relativas a micro-relocalizaciones y relocalizaciones de concesiones. El concepto de micro-relocalización se incorporó sin un debate técnico suficiente ni la recolección de antecedentes para evaluar sus impactos ambientales. El Gobierno tampoco ha aclarado qué concesiones podrán acceder a este mecanismo ni bajo qué criterios se autorizarán los traslados.
La ley también contempla la posibilidad de mover concesiones desde parques nacionales hacia otras áreas protegidas, como reservas nacionales o Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Para esto, se elimina el requisito de un Plan de Manejo, que es esencial para determinar la compatibilidad de una actividad con los objetivos de protección del área.
Esta medida permitiría que empresas con un historial considerable de infracciones continúen operando en nuevos territorios protegidos. Un ejemplo es Nova Austral, que podría relocalizar al menos nueve concesiones desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hacia la Reserva Nacional Kawésqar. Esto ocurriría a pesar de sus infracciones por sobreproducción, daño al fondo marino, manejo deficiente de mortalidades y residuos, alteración del sustrato marino y ocultamiento de información, que han llevado a sanciones y la revocación de Resoluciones de Calificación Ambiental.
Es innegable la necesidad de Chile de crecer, atraer inversión y generar empleo. Sin embargo, este objetivo no debe alcanzarse debilitando la protección ambiental ni recompensando a quienes, repetidamente, han demostrado dificultades para cumplir las normas. El desarrollo sostenible exige lo contrario: certeza jurídica, instituciones que hagan valer la ley y empresas que respeten los límites ambientales establecidos.
