La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) manifestó su preocupación ante la inminente puesta en marcha del Registro de Vándalos e Incivilidades. La entidad advirtió sobre las «debilidades financieras, operativas y administrativas» que enfrentarían los municipios al aplicar esta nueva normativa.
Este proyecto de ley, aún en discusión, otorga a las comunas la facultad legal de revocar concesiones, patentes comerciales y permisos a quienes figuren en el registro. Además, les permitiría denegar licencias de conducir y permisos de circulación.
Uno de los puntos más críticos señalados por AMUCH es que los municipios deberán asumir el costo de financiar una parte de la infraestructura tecnológica necesaria para que el registro funcione en los juzgados de policía local, sin que se destinen recursos adicionales para ello.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, fue categórico: «Exigir nuevas funciones tecnológicas y plazos de remisión de sentencias a los juzgados de policía local que ya operan al límite de sus capacidades, sin sumar nuevos recursos, puede afectar la autonomía municipal. Necesitamos que el Congreso pueda escuchar las capacidades operativas reales de nuestros municipios, ya que de lo contrario, creemos que el Registro Nacional correrá el grave peligro de nacer muerto o convertirse en un león sin dientes».
La Comisión a cargo del proyecto continuará con las audiencias durante el mes de julio, antes de la semana distrital. Se espera escuchar a centros de estudio y a otras autoridades municipales con el objetivo de someter la propuesta a votación general.
