La escalada del precio del diésel no solo impacta en los estanques de los camiones, sino que sus efectos se extienden hasta la canasta básica de los chilenos. Este incremento eleva los costos de transporte de alimentos, una diferencia que ni transportistas ni comerciantes están dispuestos a asumir, dejando al consumidor final con la carga. En este escenario, el Gobierno de José Antonio Kast intenta contener una crisis que inició por los combustibles y se ha convertido en un desafío a su capacidad de gestión.
Desde La Moneda, se anunció el congelamiento de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y la implementación de medidas para revertir las alzas previstas para esta semana, además de extender beneficios tributarios para el sector. Sin embargo, los transportistas mantienen el paro, demostrando que la solución gubernamental no ha sido suficiente para desactivar el conflicto.
“La cuenta, más temprano que tarde, la terminan pagando todas las personas. La diferencia está en cuándo se paga y cómo se distribuye ese costo”, explicó Francisco Díaz, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor.
Díaz subraya que si el Estado interviene con subsidios, desvía recursos de otras áreas. Si no lo hace, el aumento en el transporte se traslada directamente a los precios de bienes y servicios. Esto significa que la discusión no solo gira en torno al costo del combustible para los camioneros, sino también al impacto económico que su movilización tiene en el país.
Para ilustrar el problema, basta con analizar el recorrido de una caja de tomates. Cada etapa, desde la cosecha hasta la venta, implica costos de transporte. Si el combustible sube, el costo final del tomate en la mesa también lo hace, sin que el producto cambie su valor intrínseco. Marcela Vera, economista de la Universidad de Santiago, señala que las pequeñas empresas de transporte son las más afectadas por un aumento del 53% en el costo del diésel. A diferencia de las grandes compañías, estas pymes tienen menor capacidad para absorber las alzas o renegociar tarifas rápidamente.
Vera sugiere que el Gobierno debe ir más allá de las negociaciones actuales y ofrecer un subsidio específico a las pymes del transporte por un año. Esto amortiguaría el impacto y evitaría que la crisis se extienda a otros sectores. La economista citó el ejemplo de las cosechas de cerezas y arándanos, productos que requieren un transporte oportuno para llegar a sus mercados. Una interrupción prolongada en esta cadena podría generar pérdidas significativas que trascienden al sector transportista.
Así, el riesgo no es solo el costo del transporte, sino también las consecuencias de que la mercancía no llegue a destino a tiempo. Paralelamente, La Moneda enfrenta la presión de evitar que el paro de camioneros se convierta en una nueva crisis política. El Gobierno ha tenido semanas complicadas, lidiando con la controversia por rebajas de condenas, tensiones con los partidos oficialistas y presiones por cambios de gabinete. Todos estos escenarios obligan a la administración a una constante intervención para contener los problemas.
