El senador Miguel Ángel Calisto celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que dejó sin efecto la audiencia para revisar la solicitud de desafuero en su contra. Esta medida se tomó después de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique reabriera por 60 días la investigación por presunto fraude al fisco que involucra al parlamentario.
Tras la resolución, Calisto indicó que la reapertura de la indagatoria permitirá a su defensa realizar diligencias solicitadas para esclarecer los hechos. “Valoramos la decisión que ha tomado la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de dejar sin efecto la solicitud de desafuero en mi contra. Esto a raíz de la resolución que sacó también el Tribunal de Garantía de Coyhaique, quien señaló de manera clara y explícita que la investigación no está cerrada, la investigación está abierta”, declaró el senador.
La Corte de Apelaciones solo suspendió la audiencia de desafuero, no el proceso de investigación. El senador Calisto enfatizó que se le otorgaron 60 días adicionales para la investigación y que se acogieron las diligencias propuestas por su equipo legal. “Como cualquier chileno, tenemos el legítimo derecho a defendernos y a poner los elementos en la investigación”, sostuvo.
El parlamentario cuestionó la fase inicial del procedimiento, alegando una vulneración a su derecho a defensa. “Nosotros creemos que acá, en la primera instancia, se atentó contra el legítimo derecho a defensa que necesitamos en esta indagatoria”, afirmó. A su juicio, la reciente resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique corrigió esa situación.
“Hoy día lo que ha hecho el Tribunal de Garantía de Coyhaique es respetar los procedimientos y, en segundo lugar, lo que ha hecho la Corte de Apelaciones de Puerto Montt es una señal clara del funcionamiento de las instituciones”
Finalmente, Calisto aseguró que mantendrá sus funciones senatoriales mientras la investigación sigue su curso. “Por lo tanto, seguimos funcionando, ejerciendo nuestro rol senatorial en la región de Aysén, por supuesto, y en el país”, concluyó.
La causa contra el senador se originó en 2021 por una denuncia de supuesto fraude al fisco vinculado al uso de asignaciones parlamentarias. La Fiscalía argumenta que existen antecedentes que vincularían al entonces diputado con un esquema en el que recursos públicos habrían terminado beneficiándolo a través de contrataciones de asesorías, acusaciones que la defensa ha desmentido. Durante los próximos 60 días, el Ministerio Público deberá ejecutar las diligencias ordenadas, y mientras la investigación permanezca abierta, la solicitud de desafuero no puede avanzar.
