La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso significativo al aprobar la admisibilidad del proyecto de ley que propone la creación de un “Registro de Vándalos para delincuentes de cuello y corbata”. Esta iniciativa busca imponer sanciones más severas a quienes cometan delitos económicos y financieros en el país.
La votación, que tuvo lugar durante la sesión del pasado miércoles, concluyó con un resultado de 59 votos a favor, 45 en contra y una abstención. Con este respaldo, el proyecto supera su primera valla legislativa y queda en condiciones de avanzar a su primer trámite constitucional.
La propuesta fue impulsada por la bancada del Partido Demócrata Cristiano (DC), destacando entre sus principales promotores a los diputados Cristian Mella y Patricio Pinilla. Este avance es crucial, ya que posiciona la iniciativa para un análisis más profundo y detallado en las próximas etapas.
El texto legal tiene como objetivo principal endurecer las consecuencias para aquellos que incurran en ilícitos financieros y abusos contra el Estado y los consumidores. Para ello, contempla la aplicación de duras sanciones civiles y financieras que buscan ir más allá de las condenas penales tradicionales.
Entre las medidas punitivas que establece el proyecto se encuentran la retención del pasaporte, la suspensión de la licencia de conducir y la prohibición absoluta de participar en licitaciones públicas. Estas penalizaciones se aplicarían a quienes sean condenados por delitos como fraude, cohecho o colusión.
El corazón de la normativa es la creación de un registro que permitirá visibilizar y sancionar de forma integral a personas y ejecutivos declarados culpables por la justicia en delitos de alta gravedad. El listado de ilícitos considerados es amplio e incluye la corrupción, el lavado de activos, la administración fraudulenta, el fraude al fisco, la malversación de caudales públicos y la estafa.
El foco es que la sanción no sea solo penal, sino que golpee directamente la movilidad y los privilegios económicos de los delincuentes que incurran en estas faltas.
Así lo valoró el diputado Cristian Mella, quien reiteró el espíritu del proyecto al agradecer el respaldo de la Sala. La iniciativa busca, de este modo, agrupar a quienes atenten contra el patrimonio público y los derechos de los consumidores, afectando directamente su capacidad de acción y sus beneficios económicos.
Tras esta votación, el proyecto queda en manos de la comisión de Seguridad de la Cámara, donde se iniciará su estudio y debate de fondo, marcando el inicio de una discusión clave para la persecución de delitos económicos en el país.
