Una nueva escalada de incidentes sacudió esta semana al Instituto Nacional y sus alrededores. Un grupo de encapuchados, cubiertos con los denominados “overoles blancos”, irrumpió en el establecimiento, rompiendo puertas de baños, y posteriormente se dirigió a la vía pública. Una vez fuera, los sujetos lanzaron bombas molotov contra personal de Carabineros y levantaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del recinto educativo.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro condenó los hechos y anunció que se evaluarán medidas para compensar las horas lectivas perdidas, como jornadas extendidas o ajustes al calendario escolar. Además, el SLEP solicitó la colaboración del Ministerio de Seguridad, Carabineros y el Ministerio Público para enfrentar la problemática de manera integral.
Desde el municipio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, instó al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública a actuar con mayor firmeza y sin demoras. Desbordes enfatizó la necesidad de requerir de inmediato la intervención de Carabineros para detener en flagrancia a quienes calificó como “delincuentes que dañan la educación pública”.
El ex comisario de la PDI, Carlos Collao, analizó que la violencia en los colegios emblemáticos exige una acción coordinada entre el Estado, los propios establecimientos y sus directivos. Para Collao, es fundamental identificar y sancionar a alumnos, apoderados y exalumnos que participan o promueven estos incidentes.
Respecto a la propuesta de rebajar la edad de responsabilidad penal, Collao advirtió que no es una solución aislada. Subrayó que cualquier cambio legal debe ir acompañado de políticas de prevención, reinserción social y un tratamiento especializado para los menores involucrados, dado que la persecución penal por sí sola resulta insuficiente. Este nuevo episodio vuelve a tensar el debate sobre la seguridad escolar en los liceos emblemáticos. Autoridades y especialistas concuerdan en la urgencia de combinar el control, las sanciones y la prevención para asegurar el derecho fundamental a la educación.
