El diputado Jaime Bassa (FA) ha confirmado que la oposición se encuentra evaluando la presentación de una Acusación Constitucional (AC) contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Esta deliberación surge a raíz del informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que detalla su actuación en el denominado caso Steinert.
El parlamentario explicó que la AC es un mecanismo fundamental de control político establecido en la Constitución. A través de este proceso, la Cámara de Diputadas y Diputados puede hacer efectiva la responsabilidad constitucional de diversas autoridades, incluidos los ministros y exministros de Estado.
Según Bassa, los antecedentes contenidos en el informe de Contraloría proporcionarían fundamentos sólidos para considerar una acusación constitucional. El diputado enfatizó que “no está del todo cerrado el capítulo, lo estamos evaluando” y calificó el contenido del informe de la CGR como “bien preocupante”.
«Si se confirma lo que señala el informe, hay un ilícito constitucional que se estaría verificando en la forma del abuso de poder por parte de la exministra.»
El legislador añadió que esta situación pone en evidencia una forma de gobernar que, a su juicio, traspasa los límites establecidos por la normativa vigente. Bassa sostuvo que esta dinámica va más allá de la mera improvisación gubernamental.
«Esto no solo demuestra el nivel de improvisación del Gobierno y que realmente no sabe de seguridad, sino que hay una forma de gobernar cercano al abuso de poder», declaró el diputado.
Además, Bassa vinculó esta situación con ciertas dinámicas internas observadas en el Congreso. Mencionó intentos previos en algunas comisiones de “pasar por encima de la legalidad interna de la Cámara”, sugiriendo que ahora se estaría “pasando por encima de la normativa constitucional”.
El diputado reiteró que, en caso de verificarse el ilícito constitucional, existen argumentos robustos para recurrir a la acusación constitucional, ya que es el mecanismo que contempla la Carta Magna para exigir la responsabilidad política de un exministro de Estado.
En cuanto al proceso de toma de decisiones, Bassa indicó que la discusión se lleva a cabo en diversas instancias políticas. «Lo estamos conversando, es una conversación transversal en la bancada, pero también en el resto de la oposición», precisó.
El abogado constitucionalista defendió la legitimidad de la herramienta jurídica, afirmando que “la acusación constitucional es un mecanismo vigente y legítimo hoy día en el ordenamiento constitucional”. Detalló que “la infracción que ha cometido la exministra Steinert en tanto abuso de poder es una de las infracciones que constituyen ilícito constitucional en el texto vigente”, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la exautoridad enfrente este proceso.
