Lo que la Constitución concibió como una herramienta excepcional para destituir a las más altas autoridades ante faltas gravísimas, la Acusación Constitucional (AC), se ha convertido en un recurrente “deporte nacional” dentro del Congreso.
Esta práctica desvirtuada ha generado un preocupante desgaste institucional. Un caso reciente es el del exministro Grau, quien fue acusado por cumplir con su función de proyectar la economía del país, una situación que incluso el actual ministro de Hacienda calificó de ilógica.
Ahora, se plantea la idea de acusar a la exministra Steinert, tras un dictamen de la Contraloría General de la República que sugiere que actuó fuera de sus facultades. Sin embargo, ella ya no ocupa el cargo, pues el Presidente solicitó su renuncia, asumiendo el costo político correspondiente. ¿Qué sentido tiene entonces iniciar un proceso de acusación si la persona ya está fuera del puesto y no forma parte del oficialismo?
Si la intención es señalar los déficits de seguridad del gobierno, existen otras herramientas fiscalizadoras más adecuadas, como la interpelación o la creación de comisiones investigadoras. Este no es el primer caso en que la Cámara Baja intenta sancionar a quien ya ha sido castigado.
Situaciones similares se vivieron en el gobierno anterior con la exministra Marcela Ríos, por una facultad presidencial ejercida por el Presidente Boric. También con el exministro Pardow, quien por un error que le costó el cargo, se intentó liquidar su carrera como profesor universitario. Otro ejemplo fue la exministra de Defensa, vinculada a la casa de Allende, pese a no tener participación en los hechos y habiendo ya renunciado por el revuelo causado por otra decisión presidencial.
Y este comportamiento no es exclusivo de un solo sector. La izquierda también incurrió en el uso de esta facultad con fines comunicacionales al acusar al expresidente Piñera, un proceso que incluyó un filibusterismo televisado con un diputado leyendo un largo discurso falso para ganar tiempo. En su momento, también se acusó a la ministra Cubillos por plantear su visión ideológica de la educación e intentar implementarla.
Hoy, la Acusación Constitucional se ha transformado en un “nuevo oficio fiscalizador”, una “puesta en escena con luces de matinal y nulo espesor jurídico”. La Carta Fundamental, en cuanto a las AC, es bastante estricta. El artículo 52, número 2, establece que este mecanismo procede únicamente por causales específicas: haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación, infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución.
No se trata de un voto de censura parlamentario al estilo europeo, donde la mayoría legislativa puede destituir a un ministro por mala gestión o impopularidad. En Chile, rige un régimen presidencial, y el único facultado para remover ministros por razones políticas es el Presidente.
En los últimos años, la AC dejó de ser un recurso extraordinario para convertirse en un “reality” transmitido en vivo, comparable a los partidos de fútbol. Es difícil olvidar las acusaciones cruzadas durante la pandemia, donde se buscaba destituir a ministros de Salud
