El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció medidas concretas para enfrentar la grave situación generada por los socavones en Alto Hospicio, región de Tarapacá. El secretario de Estado se comprometió a decretar Estado de Catástrofe en la comuna, describiendo el problema como una “catástrofe silenciosa” que afecta a cerca de mil familias cuyas viviendas necesitan ser demolidas.
Acompañado por la senadora Danisa Astudillo (PS), Poduje señaló que los socavones no son exclusivos de Alto Hospicio, sino que también representan un desafío importante en ciudades como Arica y Antofagasta, calificando la situación como un “terremoto silencioso” que avanza sin tregua.
“Hay más de 10 mil familias afectadas, de las cuales cerca de mil requieren demolición. Entonces, junto a la senadora, he asumido tres compromisos”, afirmó el ministro.
Los compromisos detallados por Poduje incluyen:
- Primero, impulsar un proyecto de ley que permita una mejor regulación de este tipo de fenómenos, dada la ausencia actual en la legislación.
- Segundo, desarrollar un proyecto específico para viviendas críticas, estimadas en alrededor de mil, con el fin de proceder a su demolición y posterior relocalización de las familias damnificadas.
- Y tercero, la dictación de un Estado de Catástrofe. Poduje enfatizó que esta medida es crucial para, junto con el Congreso, obtener recursos adicionales a través de un fondo transitorio, similar al que se activa en otras emergencias. “La única diferencia es que esta es silenciosa, pero va avanzando y puede generar un desastre”, advirtió.
La magnitud del problema en Alto Hospicio es alarmante. Según un catastro de la Municipalidad de Alto Hospicio, que fue consignado por La Estrella de Iquique, más de 700 inmuebles en la comuna ya cuentan con un decreto de demolición debido al daño estructural causado por los socavones.
Desde el municipio precisaron que actualmente hay 176 viviendas con decretos alcaldicios de demolición parcial y 579 viviendas con decretos de demolición total. El informe también añade que hay 150 departamentos con demolición total decretada, 224 departamentos que ya fueron demolidos, y otros 488 que se encuentran bajo decretos de desalojo voluntario, evidenciando una crisis habitacional en desarrollo que requiere acción urgente.
