La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, enfrentarán este viernes un juicio oral por acusaciones de lavado de activos y asociación ilícita. El caso, conocido como ‘Hotesur-Los Sauces’, investiga presuntas irregularidades en negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner con empresarios que obtuvieron contratos de obra pública.
El Tribunal Oral Federal Nº5 será el encargado de llevar adelante este proceso. La decisión de unificar ambos expedientes, que antes se tramitaban por separado, fue ordenada por un tribunal de alzada el pasado martes. Fernández, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por otro caso, y Máximo Kirchner participarán en la primera audiencia de forma virtual, según confirmaron fuentes judiciales.
La Fiscalía sostiene que, entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández, se habría establecido un esquema de lavado de dinero. Este circuito utilizaba las empresas Hotesur y Los Sauces, que gestionaban hoteles e inmuebles en la provincia de Santa Cruz, para recibir supuestos pagos ilícitos de parte de empresarios beneficiados con contratos estatales.
Cristina Fernández está acusada de asociación ilícita, como máxima responsable, y de lavado de activos, delitos que también se imputaron a su fallecido esposo. Por su parte, el diputado Máximo Kirchner es señalado como organizador de esta presunta asociación ilícita. La acusación se extiende a otras 19 personas, incluyendo empresarios, funcionarios provinciales y allegados a la familia.
Entre los acusados figuran Carlos Alberto Sancho, exgobernador de Santa Cruz; el empresario de la construcción Lázaro Báez, quien está detenido desde 2016 por otra causa; y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, vinculados a medios de comunicación en ese periodo. Florencia Kirchner, hija de Cristina Fernández y accionista de las empresas familiares, quedó fuera del proceso tras ser sobreseída definitivamente en 2023.
Los delitos de lavado de activos y asociación ilícita contemplan penas de prisión que van de los tres a los diez años. Las denuncias que iniciaron estas investigaciones fueron presentadas por la exdiputada Margarita Stolbizer, del partido GEN.
La causa Hotesur se inició en 2014, y la de Los Sauces en 2016. Aunque inicialmente se tramitaron por separado, la Cámara de Casación dispuso su unificación en 2019 debido a la relación entre los hechos, los imputados y las pruebas. En noviembre de 2021, el TOF 5 sobreseyó a los acusados sin la realización de un juicio, una decisión que fue revocada por el tribunal de alzada en septiembre de 2023. Posteriormente, la Corte Suprema ratificó en diciembre de 2024 la obligación de llevar a cabo el juicio.
En septiembre de este año, el tribunal de primera instancia intentó nuevamente dividir las causas. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión, argumentando que podría fragmentar la evidencia, y la Casación ordenó la unificación definitiva el pasado martes. La defensa de Fernández, a cargo del abogado Carlos Beraldi, cuestionó la medida al considerar que modificar la organización del proceso a pocos días de su inicio podía afectar las garantías de los acusados.
