Las autoridades de la región de O’Higgins manifestaron su rotunda oposición a la propuesta del gobierno de utilizar a Rancagua como una alternativa para ampliar la capacidad carcelaria, en caso de que fracase el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago I en la Región Metropolitana. La idea, anunciada por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, generó un fuerte descontento, siendo calificada como un “atropello a la descentralización” y una decisión que se tomó sin consultar a los actores locales.
El gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, fue enfático al señalar que “no corresponde para nada” que la región sea vista como un “patio trasero de Santiago” para solucionar problemas de la capital. Lamentó la falta de diálogo, argumentando que este tipo de iniciativas, por su envergadura, requieren una conversación previa con las autoridades regionales y comunales. “Pensar que somos el patio trasero de Santiago para instalar una cárcel no corresponde para nada”, afirmó.
El gobernador aseguró categóricamente que se opondrán “de forma tajante” a la instalación de una ampliación carcelaria en Rancagua o cualquier otro recinto en la zona. Explicó que la capacidad actual de la cárcel de Rancagua ya está copada y que la presencia de delincuentes de alta peligrosidad genera “preocupación en los sectores aledaños y en la comunidad en general”.
En la misma línea, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, expresó su malestar por enterarse de la decisión “por televisión”. Subrayó que las medidas que afectan directamente a la ciudad deben ser comunicadas con anticipación y respeto a las autoridades locales. El alcalde enfatizó que el debate sobre infraestructura penitenciaria debe ir más allá de la simple necesidad de aumentar plazas, considerando el impacto en el desarrollo urbano y la calidad de vida de los habitantes.
“Hoy Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad”, concluyó el alcalde Agliati, haciendo un llamado al Ejecutivo a mantener una comunicación fluida y oportuna antes de adoptar definiciones que impacten a las regiones.
