La revelación de un preinforme de la Contraloría General de la República, junto a indagaciones periodísticas, ha sacado a la luz una grave crisis humanitaria y administrativa relacionada con la llegada de cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile entre 2022 y 2025. El informe detalla la pérdida de rastro y el descontrol sobre el paradero de estos menores, quienes ingresaron al país en el marco de un programa de reunificación familiar que, según las indagaciones, se transformó en un coladero migratorio.
Miles de menores habrían llegado en vuelos chárter, cuyos financiamientos aún son opacos, acompañados por adultos sin vínculos familiares aparentes. La respuesta oficial ha sido limitada, con operativos municipales y de la PDI que apenas comienzan a vislumbrar la magnitud del problema. Recientes hallazgos, como siete niños en Estación Central y otros en Graneros bajo la tutela de terceros, confirman que el Estado chileno, al no validar los vínculos familiares, dejó a su suerte a muchos de estos niños, incluso mientras estaban escolarizados, perdiendo su rastro por años.
Estas circunstancias han avivado sospechas sobre una posible red de tráfico de menores, lo que a su vez ha movilizado a sectores proclives a teorías conspirativas que buscan capitalizar la situación para atacar al Frente Amplio y al expresidente Gabriel Boric. Desde una perspectiva de comunicación de crisis, la gestión de este episodio se considera un ejemplo de lo que no se debe hacer, afectando directamente el capital político del sector y del propio Boric ante futuras aspiraciones electorales.
Las declaraciones del exdirector de Migraciones, quien intentó minimizar la crisis, y de la exministra del Interior, pidiendo no politizar el caso, han profundizado las dudas, evidenciando una falta de estrategia defensiva. La posibilidad de que Boric vuelva a competir por la presidencia en 2029 lo convierte en un blanco político directo para el gobierno actual. El gobierno, ante la magnitud del problema, ha convocado a los poderes del Estado y ha instruido a la ministra de Desarrollo Social para conformar una fuerza de tarea que aborde la situación.
Este escenario se presenta como un golpe mucho más severo que la anterior acusación constitucional contra el exministro Grau. La situación actual evoca la idea de quienes descubren elementos valiosos pero no saben utilizarlos, más allá de la exhibición. El tráfico de niños, un asunto de extrema gravedad, representa una doble amenaza para el expresidente. Intentar justificar la situación argumentando la fluidez en la entrega de información durante el traspaso de mando o la interpretación errónea de acuerdos legislativos para flexibilizar requisitos de legalización, solo refuerza la percepción de una burocracia ineficaz y pasiva.
En el ámbito de la comunicación de riesgo, recurrir a tecnicismos ante una crisis humanitaria de esta envergadura resulta contraproducente, erosionando la empatía y la credibilidad. La fragmentación en la comunicación del entorno de Boric debilita cualquier intento de controlar los daños. Si una parte del sector minimiza el problema y otra culpa exclusivamente a actores privados, el ciudadano común tiende a concluir en desidia o complicidad administrativa. La pérdida del rastro de cientos de menores vulnerables bajo su administración representa una oportunidad inmejorable para la oposición de derecha, con diputados exigiendo ya un pronunciamiento claro sobre los hechos.
