Esta semana, el Ejecutivo oficializó el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto que establece el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Esta iniciativa, presentada como un compromiso de campaña del Presidente José Antonio Kast, busca sancionar conductas que alteren el orden público y la convivencia nacional.
El trámite legislativo comenzará en la Comisión de Seguridad, para posteriormente ser analizado por la Comisión de Hacienda. La normativa define con precisión qué acciones serán castigadas y por cuánto tiempo permanecerán los infractores en el listado oficial.
¿Qué conductas contempla el registro?
El proyecto establece una serie de acciones que, al ser cometidas, derivarán en la inscripción del infractor en este registro. Estas conductas son:
- Daños o destrucción de bienes públicos.
- Realización de rayados no autorizados.
- Deterioro de monumentos nacionales.
- Bloqueo de vías o interrupción del tránsito.
- Evasión en el pago del transporte público.
- Consumo de alcohol o drogas en la vía pública.
- Amenazas o agresiones contra carabineros, fiscales, defensores públicos, además de funcionarios de la salud y educación.
Tiempos de permanencia y sanciones
La permanencia en el registro varía según la gravedad de la falta. Quien cometa un delito vandálico figurará en el listado por cinco años, mientras que los menores de edad permanecerán por dos años. En caso de cometer una incivilidad, el periodo de inscripción será de un año.
Mientras la persona figure en el registro, enfrentará consecuencias regulatorias y administrativas que limitan su acceso a beneficios estatales de forma temporal. Además, el proyecto contempla medidas más estrictas para actos calificados como «especialmente graves».
Medidas para actos vandálicos graves
El texto legal pone especial énfasis en delitos considerados de alta gravedad, tales como incendios, ataques contra autoridades o funcionarios, usurpaciones graves, tráfico de drogas, uso de explosivos y comercio ilegal organizado. Para estos casos, se establece la prohibición temporal de acceder a financiamiento público, lo cual podría incluir la pérdida de beneficios como la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Por otro lado, ante recientes denuncias sobre un eventual tráfico de niños haitianos en Chile, el Presidente Kast calificó la situación como «gravísima» y comprometió la colaboración total del Ejecutivo para que se haga justicia en el caso.
