El origen del conflicto judicial
La senadora Camila Flores (RN) enfrenta una compleja situación legal tras ser demandada por una imprenta de Santiago, la cual exige el pago de $18,3 millones por la fabricación de 40 mil imanes utilizados en su campaña al Senado. Según la denuncia, el material publicitario nunca fue cancelado, pese a que la legisladora habría recibido la devolución de fondos por parte del Servicio Electoral.
El caso comenzó cuando Luis Villa Villar, asesor de empresarios chinos, fue contactado por María Ester Munnier —exdirectora del Senda y excandidata al Consejo Regional de Valparaíso— para gestionar apoyos para Flores. Según el relato de Villa, tras una reunión con la parlamentaria el 27 de octubre, se le solicitó contactar a una imprenta para realizar trabajos de campaña. El encargado de ejecutar el pedido fue su tío, Hugo Villar, dueño del taller gráfico.
La versión del proveedor y la negativa de la senadora
El plan original era que los empresarios chinos financiaran el gasto, pero el acuerdo se quebró abruptamente. Luis Villa señaló que los inversionistas desistieron del pago luego de que la senadora dejara de responder sus llamadas. «Ella siempre pidió que le ayudaran los empresarios a pagar la factura. Después hablé con los chinos y no la quisieron ayudar porque no les contestó nunca el teléfono», relató el asesor.
Vinko Fodich, abogado de la imprenta, sostiene que los servicios fueron prestados efectivamente y que la deuda persiste. Por su parte, la senadora Flores ha negado «categóricamente» haber solicitado tales servicios, mientras que fuentes cercanas al caso sugieren que la parlamentaria habría considerado los artículos como una «donación» recibida.
Pruebas y otras controversias
El reportaje de Radio Biobío incluyó imágenes del vehículo fiscal que utiliza la senadora para sus tareas parlamentarias mientras retiraba los imanes. Se ha señalado que el conductor del vehículo era un funcionario de Carabineros del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), asignado a Flores tras denuncias de amenazas. Ante el fuero parlamentario, la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá designar a un ministro para pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda ejecutiva.
Este episodio se suma a otras dificultades judiciales para la senadora. En abril, se reveló una investigación por presunto fraude al fisco, donde se indaga un perjuicio de $300 millones relacionado con la contratación de personal mediante asignaciones parlamentarias. Paralelamente, la parlamentaria mantiene una disputa con su exmarido, Percy Marín, a quien acusó de filtrar fotos íntimas, proceso por el cual el Tribunal Supremo de RN también abrió una causa contra el político.
