La cúpula de la institución policial enfrenta una semana crítica tras confirmarse la detención de 16 carabineros a nivel nacional. La seguidilla de casos comenzó con la captura de seis funcionarios en Talca, región del Maule, seguido por otros dos efectivos en Valdivia y ocho en Copiapó, todos vinculados a investigaciones reservadas ejecutadas por el departamento de Asuntos Internos.
Ante este escenario, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, abordó la situación este viernes desde el Palacio de La Moneda. La máxima autoridad policial fue enfática al señalar que las desvinculaciones son inmediatas una vez confirmados los antecedentes que vinculan a los uniformados con conductas ilícitas.
Son hechos gravísimos, como institución nosotros tenemos una sola política, que es de la transparencia, de la veracidad, y del correcto actuar. Nosotros intensificamos los controles, no permito, no acepto que personal ensucie, no solamente el uniforme, sino que involucre también todo lo que es la confianza en la ciudadanía.
Sobre el proceder del mando ante estos grupos de excarabineros, Araya recalcó que la institución no tolera ninguna acción que se aparte de la ley. Según el alto mando, las detenciones son el resultado directo de un sistema de control interno que ha intensificado sus fiscalizaciones, poniendo todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales de cada implicado.
El General Director fue tajante al calificar la permanencia de estos funcionarios en la institución como insostenible. «Estos grupos de excarabineros no merecen estar en la institución», sentenció tras ser consultado por la seguidilla de detenciones que ha golpeado la reputación del cuerpo policial en las últimas jornadas.
Actualmente, los detalles específicos de las investigaciones se mantienen bajo reserva estricta mientras avanzan las diligencias judiciales. La ciudadanía espera conocer si estas detenciones corresponden a casos aislados o si forman parte de redes mayores, un punto que será clave para la legitimidad del mando de Marcelo Araya frente a la crisis de confianza institucional.
