La Tesorería General de la República (TGR) confirmó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de manera unánime cuatro recursos de protección presentados por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). El fallo respalda la plena legalidad de las cobranzas coactivas que el organismo ha ejecutado para recuperar fondos públicos mediante el procedimiento establecido en el Código Tributario.
El dictamen, identificado bajo el Rol N° Protección-3249-2026, desestimó el argumento de los demandantes, quienes sostenían que el CAE tiene una naturaleza civil y no tributaria, por lo que las acciones ejecutivas de la TGR serían improcedentes. La Quinta Sala del tribunal de alzada determinó que no existe arbitrariedad, subrayando que al hacerse efectiva la garantía estatal tras el incumplimiento del deudor, el organismo está mandatado a aplicar los mecanismos de cobro tributarios.
¿Es legal el embargo por deudas del CAE?
La TGR ha sido enfática al señalar que este resultado judicial se suma a fallos similares en la Corte de Apelaciones de Arica y a la inadmisibilidad de más de 450 recursos de protección por parte de la Corte Suprema. Según la institución, la justicia ha dejado claro que estas instancias no son la vía idónea para debatir la naturaleza de la deuda o cuestionar la competencia del tribunal en el proceso de cobro.
Desde junio pasado, el organismo ha intensificado las medidas de recaudación, incluyendo embargos sobre bienes raíces y retención de fondos en cuentas bancarias. La institución ha hecho un llamado constante a los deudores para normalizar sus obligaciones, ofreciendo facilidades y convenios de pago ajustados según los niveles de ingresos, eliminando recientemente la exigencia de pagar el 10% del total de la deuda de manera inicial.
La justicia ha ratificado sostenidamente que los recursos de protección no son la vía idónea para que se debata la naturaleza jurídica de la deuda o cuestionar el proceso y tribunal competente de cobro.
Situación actual y proyecciones para deudores
A pesar de las facilidades, se ha generado preocupación en redes sociales por reportes de embargos en cuentas bancarias, incluso en cuentas de ahorro. Si bien el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó que estas medidas se han aplicado mayoritariamente a personas con rentas superiores a $3,5 millones, la autoridad abrió una puerta al diálogo para casos de menores ingresos.
El secretario de Estado señaló que, en situaciones donde los afectados perciban ingresos por debajo de dicho monto, está dispuesto a conversar con la TGR para buscar una solución distinta. El escenario actual mantiene a miles de deudores en vilo ante el riesgo de remates judiciales, mientras el Estado continúa firme en su estrategia de recuperar los recursos públicos mediante el marco legal ratificado por los tribunales.
