Hallazgos críticos en contrataciones y seguridad
El Censo de Población y Vivienda 2024, liderado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se encuentra bajo la lupa tras un lapidario informe de la Contraloría General de la República. El ente regulador detectó la contratación de 16 personas que mantenían antecedentes penales por delitos graves como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis de estos casos, la empresa encargada recibió certificados con condenas explícitas, pero omitió su deber de validación, mientras que en los diez restantes, el INE ni siquiera acreditó haber solicitado los antecedentes.
La situación de seguridad se agrava con la contratación de 14 extranjeros que no contaban con autorización legal para trabajar en Chile. Entre ellos, cinco tenían su residencia revocada, incluyendo un caso donde el funcionario mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente.
Fallos en procesos administrativos y transparencia
La auditoría puso en evidencia serias deficiencias en la gestión. El INE no acreditó la formación académica requerida para más de 130 personas contratadas como coordinadores y gestores, lo que impidió aplicar multas por $131.972.500 a las empresas reclutadoras. A esto se suma el conflicto de interés de una exasesora, quien participó en la comisión evaluadora de una licitación siendo, simultáneamente, representante legal de una de las empresas postulantes.
Otro punto crítico es la falta de control sobre el personal: 515 censistas recibieron pagos superiores a los 166 millones de pesos sin que el INE pudiera acreditar que efectivamente realizaron las tareas. Además, se detectó que 267 personas prestaron servicios en el INE durante el periodo de marzo a junio de 2024 mientras estaban contratadas simultáneamente en otros organismos públicos, omitiendo la obligación de notificar dicha situación mediante declaración jurada.
Gastos injustificados y activos inactivos
La Contraloría cuestionó fuertemente el uso de recursos fiscales. Se suscribieron 77 contratos de arriendo sin fundamentos técnicos, incluyendo cinco casos donde el arriendo se extendió por 12 meses pese a que el Censo solo duró cinco, generando un gasto injustificado de $49.430.231. Asimismo, se detectó un pago de $134.243.088 por traslados realizados el 1 de mayo de 2024, fecha en la que no se efectuaron labores censales.
Finalmente, existe una deficiente gestión de activos tecnológicos. De los 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos, al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones en la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Ante este panorama, el ente regulador formuló un reparo por $315.645.819, ordenó la instrucción de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y exigió un plan de acción a 60 días hábiles para el destino de los equipos almacenados.
