Una grave denuncia sacude a la comuna de Curarrehue, en la Región de La Araucanía. La concejala Mildred Flores ingresó un requerimiento ante la Contraloría General de la República contra el alcalde Daniel Jara, apuntando a un presunto uso indebido de los recursos provenientes del Royalty Minero para cubrir compromisos financieros de carácter laboral.
El conflicto surge a raíz de una modificación presupuestaria solicitada por el jefe comunal el pasado 20 de mayo. Según la denuncia, la propuesta fue votada y aprobada por la mayoría del Concejo Municipal apenas dos días después, el viernes 22 de mayo, un plazo que la autoridad fiscalizadora califica como irregular.
Presuntas irregularidades en el procedimiento
La concejala Mildred Flores, quien fue la única integrante del Concejo que rechazó la propuesta, sostiene que no se cumplió con la normativa legal que exige entregar los documentos con al menos cinco días hábiles de antelación. En su testimonio, la edil detalló la falta de transparencia en la gestión de la carpeta presupuestaria:
El alcalde, el día 20 de mayo propuso modificar el presupuesto para pagar cuatro juicios laborales, o sea esto es como un convenio que se hizo antes de llegar al juicio. Y lo más complejo que, aparte de que no se cumplió con la normativa de lo que se establece en los días que tenemos que nosotros como concejales tener los documentos, esto fue con solo un día.
Otro punto crítico de la denuncia apunta a un posible falseo de datos en el ítem contable. La modificación fue presentada bajo el concepto de “compensación por daños a terceros”, cuando, en realidad, los fondos estaban destinados a indemnizaciones laborales derivadas de juicios contra el municipio.
Restricciones del Royalty Minero
Para la denunciante, el actuar del municipio no admite interpretaciones ambiguas. Curarrehue, al ser una comuna con alta dependencia del Fondo Común Municipal, tiene prohibiciones estrictas sobre el destino de los ingresos extraordinarios:
En este caso, como Curarrehue es una comuna con alta dependencia del fondo común municipal, está prohibido usar los fondos Royalty Minero para pagar deudas originadas de contrataciones a honorarios. Esto no tiene una doble interpretación, no hay un vacío legal; se disfrazó el pago como compensación por daños a terceros.
El monto total cuestionado por este movimiento presupuestario asciende a más de 51 millones de pesos. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Contraloría, organismo que deberá determinar si existió una falta administrativa y aplicar las sanciones correspondientes. La comunidad de la zona permanece expectante ante el fallo del ente fiscalizador y las posibles consecuencias que esto tendrá para la actual administración municipal.
