El reciente caso denunciado por la senadora Camila Flores, relativo a la filtración de material personal, ha reactivado la urgencia por discutir la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, una problemática que, según cifras oficiales, ha experimentado un incremento del 444% entre 2024 y 2025 de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La magnitud de la violencia digital
Más allá de la contingencia, los expertos coinciden en que este fenómeno constituye una forma de violencia digital que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Karen Vergara, presidenta de la ONG Amaranta, subraya que este problema suele ocurrir en el marco de relaciones afectivas o con exparejas. De hecho, el estudio ‘Chile y la violencia de género en internet’ del año 2020 arrojó que el 73,8% de las mujeres que utilizan espacios digitales ha sufrido algún tipo de violencia, siendo la divulgación de fotos íntimas una de las conductas más recurrentes.
Sanciones y marco legal vigente
¿Qué consecuencias legales arriesgan quienes cometen estos actos? La académica de Derecho de la Universidad de Santiago (USACH), Camila Leyton, explica que las penas varían según la conducta. Por un lado, la sanción base por violación a la vida privada y violencia digital va desde los 61 a los 541 días de presidio, sumado a una multa de 5 a 10 UTM.
Sin embargo, si se comprueba que el material fue obtenido sin consentimiento de la víctima, las penas se endurecen significativamente. En este escenario, la legislación chilena establece sanciones que pueden alcanzar desde los 61 días hasta los 5 años de cárcel efectiva.
Barreras en la justicia
Pese a la existencia de sanciones, las víctimas denuncian que los procesos judiciales son extremadamente complejos y lentos. Muchas denuncias enfrentan meses de espera para tener avances, lo que genera una sensación de desprotección y abandono estatal. Ante esta burocracia, muchas personas afectadas se ven obligadas a contratar asesoría legal privada, mientras que otras optan por no denunciar, motivadas por la vergüenza, el miedo al estigma social o la profunda desconfianza en el sistema judicial chileno.
